Cuando Galvarino Apablaza Guerra inició a fines de 2004 los trámites ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) para ser asilado en la Argentina, nadie intuía el protagonismo político que tendría el organismo en el conflicto diplomático con Chile. Seis años después, el desenlace de la primera controversia entre el gobierno de Sebastián Piñera y Cristina Fernández de Kirchner está en manos de la comisión que depende del Ejecutivo y decidirá esta semana si concede o rechaza la solicitud del ex guerrillero chileno acusado por el asesinato del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Guzmán y el secuestro del directivo del diario El Mercurio Cristián Edwards del Río.

La Conare está presidida desde 2008 por Federico Agusti, director de Asuntos Internacionales y Sociales del Ministerio del Interior. El funcionario, un abogado de 41 años, depende del director de Migraciones, Martín Arias Duval, ex subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Felipe Solá. Consultado por PERFIL sobre si la composición del organismo tenía un carácter eminentemente político, Agusti sólo se limitó a responder que estaba conformado por “técnicos”.

La Conare también está integrada por un representante de las carteras de Relaciones Exteriores, de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social y del Inadi. En el organismo participa, con voz pero sin voto, un miembro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Tienen un mandato de cuatro años que puede ser prorrogado por única vez. La ley establece que “no estarán sujetos a mandato imperativo alguno ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad”, pero el ministro del Interior Florencio Randazzo está facultado para removerlos en caso de mal desempeño en sus funciones.

“Los funcionarios de la Conare no son amigos míos que estaban sin trabajo y los puse en ese lugar. La ley dice que tienen que demostrar idoneidad, conocimiento del tema”, aseguró ayer Aníbal Fernández en referencia a la notoriedad que adquirió el organismo en las últimas dos semanas. Esa misma exposición también fue promovida por la presidenta Kirchner el viernes, cuando dijo que le había manifestado a Piñera que la Conare es el organismo que decidirá la suerte del “Comandante Salvador”.