El diputado provincial Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) criticó con dureza la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), recientemente aprobada por la Legislatura de Mendoza. Según el legislador, la normativa beneficia a empresas privadas como VITSA y Santa Elena, mientras que relega a la informalidad a los recuperadores urbanos y no garantiza financiamiento para las cooperativas.

“Los únicos que celebran este proyecto son VITSA, Santa Elena y las empresas que vienen llenándose de plata a base de los impuestos de los mendocinos. Con esta ley, el círculo de negocios queda cerrado en beneficio de unos pocos”, expresó Fugazzotto.

Fugazzotto cuestionó que la Ley GIRSU favorece a empresas privadas.

El legislador apuntó a la falta de reconocimiento institucional hacia los trabajadores del reciclaje: “Romantizan el trabajo y lo empujan nuevamente a la informalidad. Hablan de inclusión social, pero no establecen regulaciones reales que mejoren la situación de quienes están en clara desventaja frente a los empresarios del reciclaje”.

Riesgos y consecuencias sociales

Fugazzotto ejemplificó con un hecho concreto lo que considera la precariedad actual en la gestión de residuos: “En los basurales de Las Heras, un chico de 12 años perdió un dedo manipulando residuos. Esa es la realidad que hoy tienen cientos de familias. En lugar de formalizar y proteger, el proyecto termina dejando en la informalidad a los que ya vienen haciendo este trabajo con riesgos gravísimos”.

Además, vinculó la situación local con la política nacional en materia ambiental: “La apertura de importaciones de residuos ha bajado muchísimo el precio del material y eso hace mucho más complejo sostener las tareas de las cooperativas. Mientras tanto, las empresas privadas reciben millonarias licitaciones y contratos, pero a los trabajadores se los deja a la deriva”.

El diputado advirtió que los recuperadores quedan en la informalidad.

Falta de financiamiento real

Otro de los puntos señalados por el diputado es la ausencia de un esquema de financiamiento claro para las cooperativas. “No hay obligación para los grandes generadores de entregar material a las cooperativas ni un sistema de responsabilidad extendida al productor. Todo se deja a la reglamentación futura, y en materia ambiental los presupuestos mínimos no pueden quedar sujetos a reglamentación porque después cambian las reglas y se perjudica a los trabajadores”, subrayó.

Crítica al modelo oficial

Finalmente, Fugazzotto cuestionó la orientación del Ejecutivo provincial: “Este ministerio está más preocupado por profundizar un modelo extractivo que por garantizar salud y ambiente. Lo que mandaron es una buena declaración de principios, pero en la práctica es nada para quienes esperan una ley que fortalezca el trabajo de las cooperativas. Así como está, este proyecto no sirve para nada”.