La sala de audiencias del tribunal oral de Resistencia, donde se juzgó durante tres meses a los acusados en la causa conocida como Carbón Blanco, se transformó de pronto en una enfermería. El ascenso de la presión arterial y el instinto de los cinco imputados por el contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España fueron premonitorios: los jefes de la banda, el abogado Carlos Salvatore y el empresario futbolístico Patricio Gorosito, recibieron penas de 21 y 19 años, respectivamente. Los otros imputados, Juan Carlos Pérez Parga y Héctor Roberto fueron sentenciados a 17 años, mientras que Rubén Esquivel fue condenado a 12 años.

Los jueces Eduardo Belforte, Ramón González y Aldo Alurralde consideraron que esta organización, que enviaba a Portugal y España cargamentos de cocaína camuflados en bolsas de carbón vegetal desde Quitilipi, Chaco, funcionaba como una "asociación ilícita" con el objetivo de realizar un contrabando de estupefacientes "agravado por la cantidad y la pluralidad de los partícipes".

La investigación, iniciada en 2012, se convirtió en un caso emblemático de narcotráfico.

El proceso fue llevado adelante por la jueza federal de Roque Sáenz Peña Zunilda Niremperger, que ahora está al frente del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia. El caso fue importante no sólo por el volumen de cocaína que "exportaba" la empresa Carbón del Litoral SRL (1051 kilos en sólo tres cargamentos incautados en Europa y en Buenos Aires), sino también por la dimensión y las relaciones de los miembros de esta organización, liderada por Salvatore y Gorosito.

En una causa paralela por lavado de dinero, a Salvatore le detectaron más de 60 empresas satélites en la Argentina y en los Estados Unidos, aparentemente creadas para blanquear el dinero obtenido presuntamente con el contrabando de cocaína desde la carbonería enclavada en la pequeña localidad chaqueña de Quitilipi. A este clan le trabaron un embargo por 1600 millones de pesos.

Gorosito reconoció ser el testaferro del ex presidente de la AFA Julio Grondona y construyó en Arroyo Seco un estadio para 12.000 espectadores, con siete canchas de entrenamiento y un hotel cuatro estrellas que luego vendió a Rosario Central, según él, por 16 millones de dólares. Este empresario futbolístico dijo que "gran parte de la plata se la quedó [Julio] Grondona", el fallecido presidente de la AFA.

Por la gravedad de la condena a este grupo, que se sospecha que funcionaba desde 2005, el tribunal ordenó que los acusados quedaran detenidos con prisión preventiva, algo que sorprendió a cuatro de los cinco imputados que estuvieron en libertad durante el juicio, tras ser excarcelados a lo largo de este año.

El único que permaneció en prisión durante el proceso fue el abogado porteño Salvatore, que continuará alojado en un área médica del penal de Ezeiza. Gorosito, Roberto y Pérez Parga fueron enviados a la Unidad Penitenciaria Federal N° 7, mientras que Esquivel quedó internado con custodia en el hospital Julio Perrando de Resistencia con un cuadro de hipertensión arterial.

Los fiscales Carlos Amad y Federico Carniel habían pedido durante los alegatos penas de 25 años para los cinco imputados, mientras que la AFIP-Aduana, parte querellante en la causa, reclamó 28 años de prisión para Salvatore y Gorosito; 23 para Pérez Parga y Roberto, y 16 para Esquivel. El veredicto dejó más que conformes a los integrantes del Ministerio Público y a la querella.

ÚLTIMAS PALABRAS

Antes del fallo, los acusados tuvieron la posibilidad de ensayar sus últimas palabras en el juicio. Gorosito sostuvo que dos de los imputados, como Roberto -su amigo, que también es de Arroyo Seco- y Pérez Parga, declararon con instrucciones de los abogados de Salvatore.

"Les enseñaron a mentir", dijo el empresario. "Alguien puso la cosa [droga] ahí, pero no fui yo. El viejo tenía que pagar el pato. Los jefes están todos libres", sostuvo el ex presidente del club Real Arroyo Seco. "Faltan 300 o 400 kilos de droga, que los habrán repartido en Portugal", apuntó con una sonrisa cómplice.

"La única asociación ilícita que quedó evidenciada fue entre funcionarios de la Aduana, policías de Portugal y Argentina y algún otro poder", afirmó Pérez Parga, un despachante de Aduana amigo de Juan Carlos Rodríguez, quien figuraba como titular de la empresa Carbón del Litoral SRL, de Quitilipi, y que murió en la cárcel en 2013.

Roberto no se explayó demasiado al admitir que "es un hombre de pocas palabras". Señaló que se consideraba "inocente", como todos los sentados en el banquillo, y recordó que con sus 63 años no tiene "un solo antecedente". Esquivel, capataz de la planta de Quitilipi, se limitó a decir: "Nunca anduve en cosas raras y me escracharon con esta causa".

Después del cierre de este juicio se abren nuevos capítulos en la trama de Carbón Blanco. Dos causas anteriores contra los imputados, que estaban dormidas, se reactivarán: la de un contrabando de cocaína a Bilbao que salió del puerto de Rosario en 2010 y uno anterior investigado por el juzgado federal de Lomas de Zamora.

El otro capítulo que queda pendiente es la investigación contra funcionarios de la Aduana, que habrían mantenido algún tipo de complicidad con esta banda para facilitar la exportación de la cocaína camuflada en carbón vegetal.

Lo que nunca quedó claro en el juicio, ni tampoco se investigó, fue de dónde provenía la droga que se envió en contenedores de Quitilipi a Portugal y España, a través del puerto de Buenos Aires. Sólo hay sospechas y presunciones, pero la magnitud de la causa impidió a los investigadores dilucidar otros eslabones de esta organización..