MADRID (De nuestro corresponsal).- Si Cataluña de verdad quiere independizarse de España , ayer constató que sólo puede esperar un camino traumático.

En una decisión sin precedente, el Tribunal Constitucional aceptó un recurso del gobierno de Mariano Rajoy y suspendió la declaración separatista aprobada en enero por el Parlamento catalán , en la que se calificaba al pueblo de esa región autónoma como "un sujeto político y jurídico soberano" y se promovía la celebración de una consulta para decidir sobre la creación de un Estado.

El fallo recalentó la rivalidad cada vez más visceral entre Barcelona y Madrid. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, calificó de "insólita y altamente preocupante" la decisión del Tribunal y acusó al gobierno central de estar "obsesionado con abortar la voluntad popular del pueblo catalán". De todos modos, ante el Parlamento local, advirtió que "no se congelará en nada" el proceso independentista.

Poco después ese desafío se concretó en un fuerte gesto político de rechazo a la sentencia: el Parlamento votó la creación de la llamada Comisión de Seguimiento del Derecho a Decidir, para estudiar "todas las alternativas" posibles para cumplir el deseo de consultar a la ciudadanía.

Rajoy, ayer en el Congreso, busca detener la ofensiva catalana. Foto: Reuters

A 600 kilómetros de distancia, Rajoy se mostró tajante en su decisión de no aceptar el secesionismo. "Defiendo a los catalanes, porque son iguales al resto de los españoles", enfatizó. Su fuerza política, el Partido Popular (PP), calificó de "insumisión" la actitud del Parlamento regional.

Mas, líder de Convergència y Unió (CiU), se embarcó el año pasado en un proyecto separatista, con o sin acuerdo previo con España. Impulsa la consulta popular sobre el estatus político en principio para 2014, aunque no le puso fecha todavía. Mientras, ya avanza con la construcción de estructuras de Estado para una futura Cataluña escindida de España y busca aliados en el mundo a través de una extensa red de "embajadas".

Todo ocurre en un momento en que la recesión golpea con severidad a Cataluña, que acumula una deuda mayor a 50.000 millones de euros, está ahogada por el déficit y tiene 900.000 desempleados en una población de 7,5 millones de personas.

En ese contexto, y mientras aplica un abrupto plan de recortes, el gobierno regional se sumó a los sectores que acusan a Madrid de "expoliar" a Cataluña, una comunidad industrial y tradicionalmente "rica" cuyo aporte fiscal es superior a lo que recibe.

Hasta el año pasado, Mas impulsaba la idea de un pacto tributario con Madrid para achicar esa brecha y aumentar sus facultades en el control de la recaudación. Pero con la presión de la crisis y de un creciente sentimiento catalanista, el presidente se embanderó en la idea de la consulta soberanista y llamó a elecciones anticipadas para encarar fortalecido ese proceso. El resultado lo dejó herido: mantuvo el gobierno, pero perdió bancas a manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido abiertamente independentista.

La declaración ahora suspendida surgió de esa nueva realidad política, en la que la izquierda republicana adquirió una enorme relevancia en el balance de poder catalán. Se votó en enero con amplia mayoría, pero sin los votos del socialismo y del PP.

La resolución de ayer plantea un fuerte obstáculo a Mas, que ya constató la resistencia que su proyecto genera en la Unión Europea y que esta semana perdió la esperanza de tener el apoyo de los socialistas catalanes.

Nunca antes la máxima instancia de control constitucional había suspendido un acuerdo parlamentario autonómico. Lo hizo en una medida cautelar y se dio cinco meses de plazo para decidir sobre el fondo de la cuestión. La Abogacía del Estado -parte querellante en el caso- había apuntado que "sólo una decisión de la soberanía del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo de Cataluña". El Tribunal había establecido en 2010 que "la Constitución no conoce otra nación que la española", al sentar posición sobre la última reforma al estatuto autonómico catalán.

Oriol Junqueras, presidente de ERC, se anotó entre los que se indignaron con la decisión y mantuvo el desafío. "Diga lo que diga el Tribunal, seremos fieles a la hoja de ruta fijada. El Parlament es la expresión democrática del pueblo catalán".

El mes pasado otro fallo, en este caso del Tribunal Superior de Justicia, había alimentado el conflicto cuando ordenó al gobierno catalán que garantizara la educación en castellano en las escuelas públicas.

El tribunal no se pronunció, en cambio, sobre una segunda resolución que votó en marzo el Parlamento catalán en la que se promovía el "inicio de un diálogo" con el gobierno central para celebrar la consulta.

Esa salida negociada es bautizada como "modelo escocés", en relación al proceso de referéndum que Escocia alcanzó con Gran Bretaña y culminará con una votación en 2014. Pero Mas sabe que Rajoy -y por caso también el socialismo- rechaza hacer cualquier concesión si lo que está en juego es el desmembramiento de España.

Rajoy, ayer en el Congreso, busca detener la ofensiva catalana. Foto: Reuters

A pesar del fallo, Mas convocará a un referéndum sobre la soberanía. Foto: Reuters

Del editor: por qué es importante.

Para España, la separación catalana sería un golpe político y también cultural y social justo cuando la crisis ensombrece el futuro como nunca.