Para este año, las inmobiliarias requieren un ingreso mínimo de 12 mil pesos para alquilar un departamento de un dormitorio en esta ciudad cuyo costo mensual ronda los 4 mil pesos, aunque también hay más económicos.

En el caso de una familia que necesite más ambientes, el piso es más elevado aún. Además, la mayoría de los contratos incluyen incrementos semestrales del 12,5%, de modo que al finalizar la locación el inquilino debe pagar un 50% más que al inicio.

A los altos costos se suma que quienes quieran denunciar algún incumplimiento no tienen un ente regulador dónde recurrir. La Dirección de Defensa del Consumidor provincial sólo puede intervenir si el contrato se firma con la inmobiliaria y no tiene jurisdicción si el que rubrica el documento es el propietario. La falta de intermediarios cuando surgen diferencias sobre la interpretación de un contrato lleva a muchos vecinos a acercarse a la Defensoría del Pueblo de la ciudad, donde se les ofrece asesoría jurídica. Sólo en febrero, el organismo atendió una consulta por día por problemas entre propietarios e inquilinos. Ante esta situación, un grupo de vecinos resolvió organizarse para impulsar una ley que establezca reglas precisas para los alquileres. De inmediato, la iniciativa logró el visto bueno del oficialismo en la Legislatura. Además, en apenas un mes los tres iniciadores de este proyecto reunieron a más de mil seguidores en la página que abrieron en las redes sociales -denominada “Proyecto Ley de Alquileres”- y ya piensan extender el grupo a Cipolletti, Plottier y Centenario.

Desde el sector inmobiliario desconfían de los alcances que pueda tener una norma como la que se propone. Guillermo Reybet, empresario del rubro y referente del Colegio de Martilleros local, advirtió que “no se pueden regular por ley los valores de los alquileres y, si a lo que apuntan es a poner más requisitos, lo más probable es que los propietarios quiten sus inmuebles de locación e inviertan en otra cosa”.

Según datos de la cámara inmobiliaria local, en 2013 se construyeron unos 300 mil metros cuadrados en la ciudad, que en gran medida se deben a que muchas personas volcaron sus ahorros a un departamento para alquiler. “Esto no se soluciona con una ley, sino con más viviendas”, opinó Reybet. Señaló que, en esta época, los precios son altos porque los inmuebles disponibles no alcanzan a cubrir la demanda, que aumenta de la mano de dos factores: el inicio de clases en las universidades y la preferencia de muchas familias de mudarse durante las vacaciones. Agregó que el resto del año la situación se equilibra, si bien “hay un incremento que viene ya del año pasado por el arrastre de la inflación”.

Guillermo Torres, referente del grupo que impulsa una ley de alquileres, señaló que ellos sí confían en la regulación, porque pondría freno “a los abusos de las inmobiliarias”. Explicó que “el tema central no está en la ley sino en la interpretación que se da, por eso nosotros buscamos principalmente que la norma que se sancione contemple un ente regulador que controle la actividad”. Indicó que una muestra de la desprotección de los inquilinos son los aumentos recientes que se están produciendo al renovar los contratos que, según denuncias de miembros del grupo, alcanzan hasta un 45% anual.

Otra de las preocupaciones del grupo es que el Estado certifique que los inmuebles en alquiler están en condiciones y que no se pongan restricciones a quienes tienen hijos o mascotas, lo que consideran como “una discriminación”. Pese a las distintas miradas, Torres coincidió con Reybet en que el problema de fondo es “que no se han construido viviendas” suficientes para la demanda habitacional de la ciudad. Señaló que la situación se agravó con el anuncio de las perspectivas de desarrollo de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en la zona. “Vaca Muerta fue el punto de inflexión”, subrayó. Hoy, la única ley que regula los alquileres es una norma nacional sancionada en 1984, que nada dice sobre discriminaciones o tasaciones de los inmuebles. Sí está prohibida la indexación por inflación, pero el mecanismo de fijar valores distintos cada seis meses, sin aclarar cuál es el índice de referencia, permite a las inmobiliarias sortear esa restricción. En la Legislatura, si bien varios bloques se pronunciaron a favor de la regulación, aún no existe un proyecto formal en debate. Desde el grupo de inquilinos indicaron que están trabajando en la redacción de la propuesta y que esperan que se inicie el tratamiento en uno o dos meses.