El bloque del Frepam presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer a quién y cómo fueron adjudicadas las licitaciones de la Dirección de Vialidad Provincial, luego que se supiera a través de LA ARENA que la empresa Jubete, en la que trabaja el hijo del gobernador Oscar Mario Jorge, había ganado el 81% de las obras en los últimos años.
Reclamaron conocer en general nombre de la obra, detalle de pliego de bases y condiciones,
presupuesto oficial y presupuesto ejecutado. Y en particular para las adjudicaciones por proceso de Licitación Pública el número de pliegos adquiridos por empresas; cantidad de propuestas presentadas; actas de apertura y preadjudicación; observaciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y del Tribunal de Cuentas, si existiesen; y para las realizadas por Licitación Privada y concurso de precios, quienes fueron las empresas invitadas y las adjudicatarias.
En los fundamentos del texto indicaron que "en los últimos días, ha tomado estado público una serie de hechos exteriorizados por periódicos locales y ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Provincial que ponen en duda los procedimientos de adjudicación de las Obras Públicas viales en la provincia de La Pampa".
Y que "se ha expresado que en los procesos licitatorios enmarcados en la Ley provincial 38, se habría beneficiado a un a empresa local que tendría vinculaciones familiares con el titular del poder ejecutivo, Oscar Mario Jorge. Observando la documentación disponible, se puede apreciar de modo irreprochable que la empresa constructora Jubete, triplicó la cantidad de obras otorgadas durante el presente período ejecutivo, presentándola como posible destinataria de direccionamientos arbitrarios en las adjudicaciones de obras viales tanto por condicionamientos físicos como eliminación de controles en los pliegos de bases y condiciones".
Los diputados indicaron que ellos deben ser parte del control y brindar claridad y transparencia a estos hechos, por lo que reclaman una explicación del PEP. "El direccionamiento en beneficio de intereses minoritarios, de haber existido, no sólo perjudica a un sector específico sino a la sociedad en su conjunto, ya que estas actuaciones no sólo privan el acceso competitivo de las demás empresas, sino que pueden producir un daño irreparable para el erario público ante la posible estipulación de sobre precios, incrementando la onerosidad de la obra, ambas situaciones que teóricamente buscan restringir un transparente proceso de Licitación Pública", indicó.
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