En el texto los opositores advierten que la aceptación de la renuncia "impide que se profundice la investigación y se complete el deslinde de responsabilidades" al tiempo que frustra la posibilidad de evaluar "la inhabilitación para ejercer cargos públicos que la Constitución prevé como eventual consecuencia". 

La presentación insiste en que no es posible pensar que "un funcionario sujeto a enjuiciamiento disponga de la posibilidad de eludir toda responsabilidad por vía de la renuncia al cargo desempeñado". 

"No caben dudas -indican-, que la aceptación de la renuncia por parte del Poder Ejecutivo, pendiente el procedimiento de enjuiciamiento, configura una clara intromisión en las facultades otorgadas por la Constitución a otro órgano del Estado, procurando obstruir deliberadamente el deslinde de las responsabilidades resultantes de las irregularidades verificadas en la construcción de la Obra 'Estadio Polideportivo Ciudad de Santa Rosa (Megaestadio)'". 

"Impunidad". 

El gobernador, opinan, debió actuar para "satisfacer el reclamo de la opinión pública que espera que un funcionario público sujeto a remoción sea efectivamente juzgado por los órganos competentes" y no de tal forma que haga pensar a la ciudadanía que, con su renuncia, "el responsable maneja su impunidad, sobre todo respecto de la inhabilitación que le pudiera corresponder si eventualmente se lo encontrare incurso en la figura de mal desempeño en sus funciones, pues esta causal nunca podrá ser juzgada por un juez penal toda vez que éste juzga delitos y no faltas". 

Los diputados anticiparon que, ante esta situación se ven obligados a "realizar las correspondientes denuncias judiciales contra todos los funcionarios que entendemos implicados con capacidad decisoria en la planificación y ejecución de la Obra del Megaestadio, en todas sus etapas". 

Sala. 

En tanto, la Sala Acusadora de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió ayer finalizar con sus actuaciones en una breve reunión motivada a partir de la renuncia del ahora ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela. 

Después de más de 50 días de actuaciones, el cuerpo de legisladores resolvió archivar definitivamente las actuaciones como lo dispone el artículo 20 de la ley que reglamenta el juicio político. Porque no tenía sentido, ni siquiera se analizó -como estaba previsto- el pedido de nulidad de Varela, antes de presentar la renuncia. 

La legislación actual indica que "si el funcionario acusado renunciare al cargo, su aceptación concluirá definitivamente las actuaciones del Juicio Político, quedando el renunciante, si correspondiere, sujeto a juicio o proceso ante los Tribunales Ordinarios", como pretende avanzar la oposición. 

El bloque del Frepam ya anunció en este sentido que también irá contra el ex gobernador y actual senador nacional por La Pampa, Carlos Verna, quien fue el encargado de licitar la obra y habilitó el comienzo de la construcción del polideportivo capitalino en el año 2007. También acusarán al gobernador Oscar Jorge. 

"Cantados". 

Ante la prensa, la presidenta de la Sala Acusadora, Mariana Baudino se quejó porque "se nos atacó a los diputados vernistas" y aclaró que el juicio fue iniciado por pedido del fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola. "Le pido al gobernador que asumiendo su responsabilidad finalice el Megaestadio", agregó. 

A su turno, consultado por Radio Noticias, el diputado Darío Hernández (Pueblo Nuevo), señaló: "Es un final anunciado porque nunca se intentó investigar si realmente tenia la responsabilidad Varela, solamente se planteó el tema como que ya estaba enjuiciado antes que pasen los testigos. Los votos estaban cantados". 

"Chivo expiatorio" 

El diputado provincial Miguel Tanos (PJ), uno de los integrantes de la Sala Acusadora en el juicio político al ex ministro Jorge Varela por la paralización de la construcción del Megaestadio, afirmó que "la actual situación esta empantanada por intereses políticos. Dado que una mayoría legislativa impide al Poder Ejecutivo disponer de la herramienta legal para ejecutar el resto de la obra". Y dijo que a pesar de lo ocurrido "pudimos aproximarnos a la verdad" y reclamó que los organismo de control denuncien "a los verdaderos responsables", en referencia al ex gobernador Carlos Verna. 

Tanos se refirió a la renuncia de Varela y a la finalización del proceso y ratificó que "la denuncia del fiscal Juan Carlos Carola debería haberse rechazado in limine, porque es parcial, sesgada, y además no tipificaba ningún delito tal como lo establece la Constitución provincial. El ingeniero Varela ha sido el chivo expiatorio de errores de origen y de posiciones políticas que priorizaron lo sectorial sobre el bien común". 

El diputado indicó que el desarrollo de las distintas audiencias de la Sala Acusadora y las pruebas documentales presentadas indicaron que "hubo imprevisión e improvisación en la idea original del Polideportivo, se pasó de 6.000 metros cuadrados a 11.000 metros cuadrados culminado con superficie de 24.000 metros cuadrados". 

"Hubo ausencia de un proyecto en el pliego de licitaciones como lo establece el artículo 11 de la Ley de Obras Públicas. Más allá si el proyecto debería ser ejecutivo o no. La carencia de especificaciones en el origen de la obra es una de las causas de los desaciertos posteriores. Esta situación esta corroborada por la Dirección General de Obras Publicas que eleva a la Subsecretaría de Obras Públicas donde dice 'que la documentación legal y técnica adolece imprecisiones y es necesario estudiar detenidamente los inconvenientes que surgen a medida que se realizan los trabajos'". Entre los errores más gruesos fue la previsión de un techo de 90 toneladas que resultó de 900. 

También indicó que la adjudicación se hizo en 48 horas, un récord cuando era "una de las obras más complejas en la historia de La Pampa" y a una empresa sin antecedentes.