El mensaje fue enviado a la Legislatura por Binner tras un largo proceso de discusión interno entre los partidos que integran la coalición. Se insiste en la adecuación de la Carta Magna a la Constitución Nacional de 1994. La base para la discusión en el 2012.
El proyecto es el fruto de una extensa discusión entre los partidos que integran el Frente Progresista, Cívico y Social que gobierna Santa Fe desde el 2007 y donde -entre otros criterios- primó la postura del radicalismo de mantener la bicameralidad contra el criterio socialista y demoprogresista de tener unicameralidad.
Finalmente, la redacción quedó en manos de juristas de las distintas fuerzas que dieron la forma definitiva al texto que -previa aprobación de los partidos- el Ejecutivo tomó y remitió a la Legislatura.
En los fundamentos se expresa que “la reforma de la Constitución provincial vigente, sancionada hace ya casi 50 años, se origina en la necesidad de consolidar en la norma suprema provincial los avances institucionales y de reconocimiento de nuevos derechos y garantías producidos en los últimos años en la región latinoamericana, en el país y en nuestra propia provincia”.
Entre las modificaciones propuestas, se incluyen artículos referidos a la relación del Estado con la Iglesia Católica, al régimen electoral y al régimen municipal, a fin de incorporar la autonomía municipal y la posibilidad de establecer regiones.
Además, el mensaje solicita incorporar artículos sobre principios y normas rectoras en materia de servicios públicos, control interno y externo de la administración pública, así como la creación de la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Algunos de los alcances
El texto enviado a la Legislatura propone la modificación de varios artículos, como el 3, “a fin de establecer la neutralidad religiosa del Estado y la libertad de cultos”; 9 y 17, referidos a derechos y garantías, “para adecuar las normas provinciales al artículo 43 de la Constitución Nacional”, y 26 para reconocer la función social del mutualismo.
Señala la necesidad de reformar los artículos 29 y 30 “a efectos de contemplar y proteger principios y valores democráticos tales como la intransferibilidad del voto; el derecho a voto de los extranjeros; el principio de proporcionalidad para la distribución de las bancas en los cuerpos legislativos; el establecimiento de un tribunal jurisdiccional electoral, independiente, permanente y con fuero propio; el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y el establecimiento de mayorías especiales para aprobar normas en materia de sistema electoral y partidos políticos”.
También propone reformar los artículos 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 para optimizar el funcionamiento del Poder Legislativo, “garantizar la representación plural, conjuntamente con la representación territorial y poblacional, y adecuar el diagrama de competencias provinciales y locales congruentemente con el reconocimiento de la autonomía municipal y la regulación de su alcance y contenido”. Y 64, 67, 70 y 72, para incorporar el sistema de doble vuelta para la elección de gobernador y vicegobernador, en el caso de que ninguna de las fórmulas alcance la mayoría absoluta de los votos positivos en la primera vuelta; modificar lo normado en relación con la fecha de elección de autoridades del Ejecutivo, y la reestructuración de las competencias funcionales del gobernador.
El texto propone la reforma del artículo 81, referido al Tribunal de Cuentas; y 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, “a los fines de dotar al Poder Judicial de un diseño institucional que garantice su independencia, eficacia, imparcialidad y un fuerte apego a los principios que imponen el sistema democrático y republicano de gobierno”.
También, la modificación de los artículos 106, 107 y 108, a los “efectos de incorporar la autonomía municipal, reglar las competencias normativas de la provincia y los municipios y comunas y la posibilidad del establecimiento de regiones”; y 109, 110, 111, 112 y 113, referidos al sistema educativo, incorporando el derecho a la educación en forma permanente, integral, comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural; de calidad; con igualdad de oportunidades y posibilidades.
En línea con la del ‘94
El mensaje establece, asimismo, la incorporación de artículos relacionados con “nuevos derechos y garantías orientados a adecuar la Constitución provincial a la reforma de 1994 de la Constitución de la Nación; a principios y normas rectores en materia de servicios públicos; y al control interno y externo de la administración pública provincial en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, administrativos, de legalidad y operativos, con la finalidad de que los órganos competentes que se creen o rediseñen sean independientes, eficaces e integrados por personas de acreditada idoneidad”.
Se propone “la creación de la Defensoría del Pueblo, garantizando debidamente su autonomía funcional, su autarquía y la independencia e idoneidad de quienes desempeñen sus cargos directivos”; establecer un proceso de selección de magistrados que asegure la independencia, imparcialidad, idoneidad y el compromiso democrático con el Estado de derecho y el servicio de Justicia de quienes resulten designados; un nuevo sistema de enjuiciamiento de magistrados de todas las instancias, y el juicio por jurados en materia penal.
El texto establece, además, consagrar la autonomía funcional, autarquía y un método adecuado para la designación de los órganos directivos, tanto del Ministerio Público de la Acusación como del Servicio Público de la Defensa ante la Justicia.
Por último, se propone incluir mecanismos de democracia semidirecta y órganos consultivos y asesores de los poderes políticos del Estado a los efectos de mejorar la participación ciudadana.
Mayoría
La Constitución provincial vigente establece el mecanismo para su reforma, el cual exige que la ley que declare la necesidad de ella debe reunir por lo menos el consenso de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, identificando los artículos o materias a tratar por la convención, independientemente de lo que en definitiva resuelva sobre ellos el órgano constituyente. El proyecto establece que la convención sesionará en Santa Fe capital.
Satisfacción en el oficialismo
Mario Barletta elogió que el Poder Ejecutivo haya enviado a la Legislatura un proyecto para actualizar la Constitución: “La iniciativa que se presentó puede tomarse de base para la discusión de la Carta Magna que esta provincia necesita”, señaló.
Propuso que se aproveche el 2011 para llevar adelante la discusión y acercar posiciones de las distintas fuerzas políticas. “Lo sostengo desde hace tiempo: todos los candidatos -a gobernador, a diputados y senadores provinciales- debemos suscribir un acuerdo previo a las elecciones para establecer un núcleo de coincidencias y las fechas de elección de constituyentes, para que en el próximo período de gobierno se reforme definitivamente la Constitución provincial”, dijo.
Desde la democracia progresista, el diputado Luis Alberto Mauri -uno de los que trabajó en la redacción del texto- valoró que el oficialismo haya cumplido con el compromiso de presentar el proyecto. “Demostramos que fuimos capaces de deponer posturas ante el objetivo de llegar a un texto que puede ser la base de la futura discusión que se dará en el 2012”, le dijo a El Litoral.
El legislador enmarcó el proyecto en el espíritu de cambio que guía al Frente Progresista.
Comentá la nota