El Frente Cívico cruzó a De la Sota por no reglamentar la Ley de Muerte Digna

Acusan al gobernador de especular políticamente con este tema. Ya pasaron 90 días y no hay precisiones respecto a cuándo el poder Ejecutivo va a cumplimentar este trámite para que la norma entre en vigencia
Desde el bloque de legisladores del Frente Cívico cruzaron al gobernador, José Manuel de la Sota, por no reglamentar la Ley de Muerte Digna aprobada por unanimidad en la Unicameral el 16 de mayo pasado.

El secretario de la bancada juecista, Raúl Jiménez, dijo a PUNTAL que ya se han superado los 90 días que tiene el Poder Ejecutivo para cumplimentar este trámite administrativo que autoriza la aplicación de esta norma.

Cabe recordar que la ley consiste en la declaración de voluntad anticipada para evitar tratamientos invasivos que prolonguen la vida ante enfermedades de tipo terminal.

“Al no estar reglamentada, esta ley pierde efectividad y su aplicación es nula porque carece de algunos aspectos clave respecto a cómo se debe organizar el registro de voluntades, sus alcances y funciones. Ese registro es fundamental porque si no existe no hay lugar para dejar expresada la intención de cada persona”, indicó Jiménez.

Otros de los aspectos que todavía no han sido aclarados son la asignación presupuestaria y la designación de recursos humanos. Dos puntos elementales a la hora de pensar en la correcta aplicación de la norma.

“Hoy la ley no se está utilizando debido a las trabas administrativas que se están poniendo desde la Provincia. Así, como están las cosas hoy, la aplicación es imposible. El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación y es quién debe conformar el presupuesto y la disposición de los recursos humanos necesarios”, explicó el ex legislador.

Falta de compromiso

Raúl Jiménez dijo que esta situación se debe a una falta de compromiso de parte del gobernador con una ley que fue aprobada por unanimidad.

“Estuvimos 10 años para aprobar esta norma, y cuando lo logramos, pasa esto”, aseguró.

El ex secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba negó que haya sectores como la Iglesia o corporaciones que estén presionando para evitar que se reglamente la iniciativa al indicar que hubo una “especulación política” con el tema.

“El proyecto se aprobó porque la semana anterior se había aprobado una ley similar en el Congreso de la Nación. Esto confirma que hubo y hay una gran especulación política. Ellos dijeron se aprueba y ya está, no pasa nada, después vemos que hacemos, y no se trata de una ley más, estamos hablando de una norma que aborda temas muy sensibles”, puntualizó Jiménez.

La aplicación de la ley… ¿implica una erogación de dinero significativa?

-No, para nada, en absoluto. La puesta en práctica de esta ley no demanda una erogación significativa de dinero. De todas maneras, eso no depende de nosotros, sino del propio gobernador, quien es el que tiene en sus manos la decisión reglamentarla o no.

¿Hay un tiempo máximo de espera para la reglamentación?

-Puede estar meses o años sin ser reglamentada, no se cae. Pero sucede que el mismo texto de la ley especifica que debe estar reglamentada en un plazo no mayor a los 90 días, reitero, lo dice el texto.

Presentación

El bloque de legisladores del Frente Cívico presentará esta semana un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba para que dé explicaciones respecto a porqué no se ha reglamentado esta ley tal como estaba previsto al momento de su aprobación en la Legislatura.

“Es penoso estar pidiendo informes sobre el proyecto que se ha aprobado con el aval de todos los legisladores de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria”, dijo Raúl Jiménez.

Y agregó: “Por estas cosas la gente no confía en los políticos y en la supuesta división de poderes que según el gobernador existe en la provincia de Córdoba”.

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