“Hay que reconocer que tiene una habilidad extraordinaria para adecuar su discurso al auditorio que tiene adelante. Pero eso mismo lo torna imprevisible”, sintetizó uno de los asistentes. Ayer, a Juez le preguntaron por el muy amplio abanico ideológico que, según los empresarios, tiene su agrupación política; por su visión sobre el rol que debe cumplir el Estado, y sobre algunos puntos cruciales de la gestión provincial, como el de la Caja de Jubilaciones. Y el candidato a gobernador del Frente Cívico no dio respuestas contundentes.

Eso no es privativo de Juez. Nadie, en ningún partido, tiene hoy una respuesta clara para dar; por ejemplo, en relación con la espada de Damocles que significa el sistema previsional para el conjunto de las finanzas públicas de Córdoba.

Pero, aun así, las generalidades asustan a los empresarios. Por caso, la voluntad de volver a recurrir a la Corte Suprema para exigir que la Nación solvente el déficit previsional cordobés es vista con escepticismo por quienes, desde el gobierno de Juan Schiaretti, ya acudieron a ese recurso.

Explican que, cuando Córdoba recurrió a la Corte con una medida cautelar, lo hizo para exigir que cumpliera un convenio vigente. Ese convenio vence cuando termine 2011, días después de que asuma el nuevo gobernador. Una cosa es demandar que se honre un trato que está siendo desconocido y otra es demandar algo que no tiene cláusula que lo sostenga. El convenio es justamente lo que hace operativa una cláusula muy general incluida en un pacto fiscal firmado el 6 de diciembre de 1999, días antes de que asumiera Fernando de la Rúa. En él se plantea que, si las provincias armonizan su régimen previsional con el de la Nación, esta cubrirá el déficit. Hacer que eso se ponga en práctica implica una larga negociación. De hecho, recién empezó a regir para Córdoba en 2001.

En enero, la Nación no estará, en principio, en falta (excepto por los pagos correspondientes a este año que no haya hecho). Por ende, ¿qué dirá la Corte Suprema?