Estaba citado para declarar hoy frente a los diputados porteños, pero prefirió hacerlo por escrito. En una carta de tres páginas que envió a la Legislatura, el empresario Franco Macri relató que luego del secuestro de su hijo Mauricio, en agosto de 1991, siempre contrató a distintas empresas especializadas en seguridad para proteger a su familia.

“En el caso de mi hija Sandra, ante su padecimiento de una enfermedad grave, así como en atención a sus condición de ser madre de dos hijos adolescentes, de vivir en una quinta en la provincia de Buenos Aires, y su casamiento con una persona que yo desconocía (en referencia al parapsicólogo Néstor Lorenzo), requerí por decisión propia y exclusiva los servicios de la empresa Ackerman Group, para preservar su seguridad y la de mis nietos”, explicó en la nota el empresario.

También aclaró que la primera vez que contrató a esta empresa -que tiene sede en Estados Unidos- fue en ocasión del secuestro de Mauricio, y que luego volvió a hacerlo cuando raptaron a su hija menor, Florencia.

“La contratación estuvo motivada en mi preocupación como padre y abuelo. Declaro que no informé a mis hijos sobre las decisiones que adopté en cuanto a la seguridad familiar”, especificó Franco y puntualizó que los pagos a Ackerman Group se hicieron a través de sus empresas.

En párrafo aparte, el empresario indicó que no tiene ningún tipo de vínculo, “de amistad ni enemistad”, con el espía Ciro James, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios y los jueces de Misiones José Luis Rey y Horacio Gallardo, quienes se encuentran procesados en la causa por las escuchas ilegales. Luego precisó que no le consta, pero tampoco descarta que Ackerman Group haya subcontratado localmente los servicios de terceros.

El turno de los periodistas

Daniel Santoro y Gerardo Young fueron los testigos que hoy recibió la comisión investigadora. Los editores del diario Clarín se enfrentaron a un interrogatorio extenso por parte de los legisladores, que por momentos se refirió más a sus opiniones personales sobre la libertad de expresión o a los procedimientos técnicos del periodismo de investigación que a cuestiones concretas sobre la causa de las escuchas ilegales.

Santoro relató cómo fue que descubrió, en junio pasado, a Hugo Alvarez, la supuesta persona que llamó a Sergio Burstein para avisarle que estaba siendo escuchado. “Dos fuentes del macrismo me confirmaron que trabajaba para la SIDE con el seudónimo de Horacio Altamirano, entonces, empezamos a entrecruzar datos a través del sistema Nosis y Veraz y mandé al periodista Juan Cruz Sanz a buscarlo".

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El periodista Daniel Santoro en la comisión investigadora.

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“Cuando Sanz fue a la dirección que obtuvimos y habló con Alvarez, él dijo que su actividad era panadero, pero luego los vecinos nos confirmaron que su padre era el panadero y que ya no funcionaba más esa panadería”, contó y precisó que: “Un experto hizo una pericia morfológica que confirmó que la persona del locutorio era Álvarez, pero también dijo que se precisaba una mejor imagen”, sostuvo.

Un fuerte cruce entre diputados del PRO y la oposición se dio con las preguntas del legislador kirchnerista Juan Cabandié, quien insistió varias veces para que el periodista revelara las fuentes utilizadas en su nota. Sin embargo, Santoro se amparó en el derecho del profesional a resguardar la fuente “si ninguna persona o la democracia nacional está en peligro”.

A su turno, el periodista Gerardo Youg fue consultado por su libro “Side, la Argentina secreta”. Más allá de algunos datos puntuales, como por ejemplo la enemistad que tenía Cristina Kirchner con el ex comisario Palacios desde su época de senadora, cuando se investigaba el caso de la voladura de la AMIA, el testimonio del periodista se limitó a su investigación publicada.

Young se refirió también a una rivalidad entre Palacios y la SIDE. En relación a esto el diputado Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) quiso saber la opinión del periodista: "¿Cree que cuando el ingeniero Macri tomó la decisión de nombrar a Palacios en la Policía Metropolitana desconocía este enfrentamiento?" "Nombrarlo era una decisión que iba a molestar a la SIDE", respondió el testigo aunque dijo no saber "si (la decisión) iba a estar teñida por los enfrentamientos".

El viernes próximo volverá a reunirse la comisión y los diputados opositores insistirán con la presencia de los superintendentes de la Metropolitana. La semana que viene será la última para la ronda de testigos; luego los legisladores tendrán quince días para emitir su dictamen.