Francisco García, uno de los hombres más cercanos a Francisco Pérez, elude la palabra "ajuste" y opta por el concepto de hacer eficiente los recursos del Estado. De esta manera el Gobierno fundamentó el último decreto rubricado por el mandatario para controlar el incremento de personal en la planta estatal, aunque la medida llega tarde, ya que desde la oposición y los gremios señalaro que fue una constante a pesar de decretos anteriores y similares. El decreto congela contratos de locación y acelera las jubilaciones de empleados que estén en edad de retirarse. Pero además buscará imponer más controles a la planta de agentes públicos, ya que lanzará la licitación de un sistema informático para registrar si cumplen con los horarios de trabajo.

"Ajuste" es una mala palabra para la gestión paquista, puesto que es el término con el que contraatacan al cornejismo cuando éste les pide más control en los gastos del Estado relativos al aumento en la planta de personal. Ante el último embate del intendente de Godoy Cruz, Pérez sacó a relucir el decreto 155, luego de una reunión de gabinete y a través de un canal que va concentrando la mayor parte de sus anuncios, Twitter.

"La eficiencia del gasto y el cuidado del dinero público lo hacemos desde que asumimos. Por eso el decreto 1 del gobernador. Más que un hecho aislado en pos de una confrontación política actual, es una continmuidad de una política que empezamos apenas asumimos", fundamentó García, uno de los hombres que cuida las espaldas jurídicas de Pérez. Y ante las críticas de Alfredo Cornejo, publicadas en El Sol, García aseguró que "hay una clara intencionalidad política", al tiempo que recuerda que están cumpliendo con el pase a planta acordado en paritarias desde la época de Julio Cobos en la gobernación. "Eso lo respetamos a rajatabla", se atajó ante la cuestión del incremento de personal.

Congela locaciones, cambio de funciones y misiones especiales

En rigor, la medida adoptada fue tomada como una ratificación o ontinuidad de decretos anteriores -el decreto 1, germinal en la gestión, y el 43- pero al que agrega nuevos puntos que Pérez quiere poner en marcha, en un contexto delicado en materia de situación financiera y económica. En otras palabras, un Estado que no cuenta todavía con el Presupuesto 2014, en un marco de incertidumbre relativa al impacto que tendrá el aumento del dólar en los precios de la canasta básica como previa de las paritarias con los gremios estatales.

En primer lugar, la iniciativa de Pérez apunta a restringir y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Esto se traduce en que dará de baja los contratos de locación de empleados que lograron pasar a planta permanente. Es decir, ese contrato no será designado a otro empleado. Una medida que abarca la administración central y los entes autárquicos. A su vez, suspendió el otorgamiento de porcentajes y adicionales, pero este punto queda sujeto a lo que se acuerde en las paritarias. Como dato nuevo, indicó García, se decidió ampliar el ajuste a las misiones especiales y los cambios de funciones.

"Es una medida que hacemos para determinar dónde hay un gasto que no es indispensable. En la Empresa Provincial de Transporte o en la Dirección General de Escuelas, los cambios de funciones alteran el funcionamiento de estas reparticiones", explicó García.

La medida cuenta con una excepción: la voluntad del gobernador de incorporar empleados si la situación de un área así lo requiere y es donde cobran fuerza las críticas de la oposición. Sin embargo, habrá sanciones para los funcionarios que no acaten la medida.

La lupa puesta sobre los accidentes laborales

El control del gasto también apuntó sobre los pedidos de licencia por salud o accidentes laborales. Al parecer, en el Gobierno están detectando un incremento en los casos donde los empleados en realidad no sufren dolencia alguna. Y esto se refleja en un costo para el Estado a través del contrato que el Gobierno mantiene con la ART, que depende del Banco Provincia de Buenos Aires.

García apuntó a tres áreas donde se reflejarían estas situaciones: la Dirección General de Escuelas, ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario. "Es una medida directa para hacer más eficiente el gasto", subrayó García.

Por otra parte, el gobernador pidió a los directores de administración de cada ministerio que aceleren la jubilación de empleados que ya están en términos de retirarse, pero que todavía persisten.

Un sólo reloj para toda la administración pública

Un último aspecto es el endurecimiento en el control de los horarios laborales. García indicó que quieren unificar el sistema a través de un programa informático para registrar si se cumplen con los horarios establecidos para la administración pública, sobre todo, en aquellos agentes que cobran excedente -horas extras-.

Para ello, ordenó a la Dirección General de Compras que llame a licitación para adquirir un sistema informático que consigne entradas y salidas. Por el momento, se están preparando los pliegos para el concurso público.

Quiere a los ministros más sincronizados

La necesidad de ser más eficientes fue un pedido que Pérez directamente bajó a sus ministros. "Nos instruyó a focalizar en acciones de gobierno que sean palpables para la sociedad y que no estemos tan dispersos", sostuvo Pancho García.

El gobernador quiere más comunicación y diálogo entre sus ministros a la hora de pisar el territorio, para no desperdiciar recursos a la hora de resolver un problema. Algo que se vio claramente en el caso de la muerte de la pequeña Luciana Rodríguez donde las acciones del Estado fueron no sólo dispersas, sino también inconexas.