La reforma consensuada en Luxemburgo por lo ministros de Finanzas de la UE introduce una amplia gama de castigos que se aplicarán a los países de la zona euro desde la fase preventiva mediante un complejo sistema de activación de las sanciones más automático y menos dependiente del consenso de los Veintisiete.

No obstante, supone una rebaja frente las propuestas de la Comisión Europea y Alemania, al introducir salvaguardas para que los estados miembro conserven cierto poder en la toma de decisiones y para dar una segunda oportunidad a los países infractores antes de sancionarlos. Estas salvaguardas responden a las exigencias de Francia, que desde el comienzo del debate se ha opuesto a dejar decisiones de semejante calado como las sanciones en manos de técnicos de la CE.

Por su parte, París ha cedido a las exigencias alemanas al aceptar por primera vez una revisión del Tratado de Lisboa, para permitir una suspensión del voto a los países reincidentes y la puesta en marcha de un mecanismo permanente de resolución de crisis, similar al acordado para Grecia.

Francia y Alemania escenificaron su protagonismo al adelantarse en el anuncio del acuerdo a los ministros de la UE. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, realizaron una declaración conjunta en Deauville (Francia), donde habían celebrado una cumbre con el presidente ruso, Dmitri Medvédev.

En su declaración, proponen que los países con déficit excesivo sean sancionados al cabo de seis meses. Ambos apoyan además que el Consejo Europeo pueda decidir, por mayoría cualificada, imponer esas sanciones, con carácter preventivo, a un Estado que se encamina a incumplir las reglas del Pacto de Estabilidad (déficit fiscal menor al 3% del PBI o deudas menores al 60% del PBI).

El nuevo marco entraría en vigor a mitad del 2011. Los castigos no serán retroactivos.