. Es por el mismo tema que los ediles, incluida la liberal Laura Cabrera, llevaron adelante el proceso de juicio político contra la actual destituida jefa comunal, Ana María Escalante. Ahora, la cuestión irá por carriles de la justicia penal y en el fuero Federal, ya que el destino de los recursos investigados pertenecen al Gobierno nacional que envía en forma coparticipable a las provincias y de ahí a las comunas de todo el país, recursos provenientes de gravámenes a la exportación de granos.

El dinero tiene como único fin la obra pública y en Santa Ana, lo que objetan es si realmente fue así. Ya que Escalante a lo largo del juicio político manifestó que se construyeron “casillas” para alrededor de 17 familias utilizando de esa manera los 104 mil pesos ahora observados.

Todo ocurrió en el primer semestre de 2009, lo expuesto por Gómez y Cabrera se sostiene en el testimonio de vecinos que supuestamente fueron beneficiados con los inmuebles, algo que los ediles aseguran que no ocurrió ya que en la pequeña comuna no son visibles las construcciones. Escalante si bien fue destituida permanece en la sede municipal porque afirma que lo actuado desde el Concejo carece de validez, jurídica y administrativa. También fue denunciada por Enriquecimiento Ilícito