Después de un 2016 de crecimiento, alentado fundamentalmente por la devaluación del peso y la suba del precio internacional de la soja, el año pasado comenzó a caer. El año 2016 había sido el mejor para el FoFeSo, con ingresos a la La Pampa por 372.018.873 pesos. Pero durante todo 2017 ingresaron 344.081.117 pesos, o sea 27.937.756 pesos menos (-7,5%).

Durante 2015 habían llegado a las arcas provinciales 285.218.383,71 pesos por ese concepto. En 2014 la cifra había ascendido a 266.738.727 pesos. En 2013, el aporte fue de 174.949.015 pesos y en 2012 la cifra fue de 132.893.499; en 2011, la recaudación fue de 131.504.860 y en 2010 había sido de 135.283.850 pesos.

Durante el primer año de creación del fondo solo llegaron 53.366.577 pesos porque comenzó a distribuirse en abril de 2009.

El FFS tuvo su origen luego de la crisis provocada por la Resolución 125 y se dictó con el objetivo de generar un instrumento que redistribuya con carácter federal los excedentes generados por la comercialización de soja.

Además, un 30 por ciento del monto dirigido a las provincias debe ser, a su vez, girado de forma automática a los municipios dependiendo de la cantidad de población y otros criterios establecidos en la Ley Nº 10.820 de Coparticipación Municipal. Estos fondos están condicionados a ser dirigidos a financiar proyectos que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.

Durante los años del kirchnerismo las retenciones al complejo sojero eran del 35%. Ni bien arribó al Gobierno, el presidente Mauricio Macri cumplió con su promesa y redujo en cinco puntos las retenciones.

Además, este año, el Ministerio de Agroindustria comenzó a regir la reducción de 0,5 punto porcentual mensual de la alícuota del derecho de exportación aplicable a la soja y sus subproductos.

La medida se adoptó a través del decreto 1.343, con fecha del 30 de diciembre de 2016. La norma precisa que la reducción de las retenciones a la soja y subproductos en un 0,5 por ciento mensual “operará desde el mes de enero de 2018 y se extenderá hasta el mes de diciembre de 2019, inclusive, debiendo aplicarse a partir del primer día de cada uno de los meses comprendidos en la presente medida”. De esta forma, los derechos de exportación para la soja, actualmente del 30 por ciento, “serán del 18 por ciento en diciembre de 2019, y para los subproductos del 15 por ciento”.

El fondo fue creado por la administración kirchnerista en 2009 y se nutre de las retenciones a la exportación de la soja. De lo recaudado, la Nación distribuye un porcentaje a las provincias y éstas hacen lo propio con los municipios.

Los recursos están destinados a obras de infraestructura y para los jefes departamentales son clave. Es que con esos aportes pueden responder a las demandas de los vecinos, como pavimentar y construir veredas, por ejemplo, cosa que se les dificulta si tienen que echar mano a sus cuentas, ya que la mayoría tiene escasos de niveles de recaudación. 

Nación

Con el inicio del año, comienzan a regir las modificaciones en el sistema de retenciones en las exportaciones de soja para intentar revertir la caída en las ventas al exterior del complejo sojero.

El costo fiscal de la medida está en torno a los $20.000 millones para el primer año, de los cuales unos $6.000 millones dejarán de recibir las provincias, a través del Fondo Federal Solidario, que distribuye el 30% de las retenciones a la soja. Y el impacto se duplicará en 2019. Es que las retenciones del poroto de soja y del aceite de soja bajan un 0,5% mensual, desde el 30% y 27%, respectivamente, que tenían hasta el mes pasado, hasta llegar al 18% y 15% a fines de 2019.

Mientras tanto, se quitan las retenciones móviles al biodiésel, que son mínimas y casi no alcanzan a producir recaudación. Se reemplazan por retenciones fijas del 8%.

La baja en las retenciones a la soja se iba a implementar hace un año, como parte de las promesas de la campaña presidencial de Mauricio de Macri, que arrancó su mandato con una baja del 5% en ese impuesto. Pero se postergó por el impacto fiscal de la rebaja, que la Bolsa de Comercio de Rosario estimó en casi $20.000 millones para el primer año. De todos modos, dicho informe sostuvo que “es muy probable que esa cifra se compense con mayor recaudación de otros tributos”, por la mayor dinámica del sector.

Sin embargo, dirigentes de la oposición cuestionaron la baja en las retenciones a la soja, que tendrá un costo fiscal anual en torno a los $40.000 millones a partir de 2019; mientras la nueva ley jubilatoria reduce los pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para tener un ahorro fiscal cercano a los $56.000.000.

La baja en la recaudación por derechos de exportaciones tendrá impacto en las provincias, aunque fuentes oficiales aseguran que serán parcialmente compensadas por la modificación del Impuesto a las Ganancias, que ahora la Nación coparticipa con las provincias al 100%.

Tal como establecen los decretos 1343/16 y 1025/17, el objetivo oficial es alcanzar un sistema de convergencia entre los porcentajes de retenciones para todos los subproductos del complejo sojero. Por eso, bajan las del poroto de soja y del aceite de soja; y se quitan las móviles al biodiésel, que están en poco más del 0%, y se reemplazan por retenciones fijas del 8%.