Buenos Aires planteó la solicitud de inconstitucionalidad del tope de $650 millones anuales establecido en la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Este jueves el gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Verna, envió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del fiscal de Estado de la Provincia, José Vanini, y del procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo, la contestación a la demanda que la provincia de Buenos Aires promoviera solicitando la inconstitucionalidad de los $650 millones anuales establecidos como tope en el artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, con la normativa de los incisos “b” y “d” que indican que lo recaudado por encima de ese monto se coparticipe con las provincias.

En medio de la disputa entre el presidente Carlos Menem y el gobernador deBuenos Aires Eduqardo Duhalde (dejó la vicepresidencia para ocupa ese cargo), se ideó el Fondo del Conurbano Bonaerense. En el Gran Buenos Aires, vive el 25% de la población del país. En esos años, después de la hiperinflación y de los primeros años del menemismo, el Conurbano estaba sumido en una profunda crisis social. estaba

Por este motivo, se creó el Fondo del Conurbano, por Ley 24.073 de 1992, y se decidió alimentarlo con el 10 % de la recaudación del impuesto a las ganancias. Estos recursos estaban destinados a reparar el déficit mencionado. Sin embargo, en 1996 se aprobó un tope nominal de $ 650 millones para el Fondo del Conurbano Bonaerense destinado al GBA, a través de la Ley 24.621. El excedente de recursos sobre dicho tope debía ser repartido entre las demás provincias, según los coeficientes de distribución secundaria de la Ley de Coparticipación. Con el gobierno que se inició en 2003 comenzó un proceso inflacionario que licuó el límite máximo nominal de $ 650 millones por año recibido por Buenos Aires.

Escrito ante la Corte

La Pampa, por intermedio de sus representantes, se opuso en forma categórica al progreso de la medida cautelar con la que Buenos Aires pretende suspender la aplicación del tope de los $650 millones, dejando al resto de las provincias sin participación sobre el excedente que prevé la ley N° 20.628.

“Esta situación implicaría que se despoje a las provincias de cuantiosos recursos coparticipables que se distribuyen a partir del Fondo de Reparación Histórica del conurbano bonaerense, y que las provincias que conforman el sistema federal necesitan para consagrar su autonomía política, económica y financiera”, explicó Pérez Araujo.

En ese sentido, el procurador General de Rentas manifestó que, “mientras la provincia de Buenos Aires peticiona por los fondos que se le detraen por vía del articulado de la Ley de Ganancias, el Gobierno Nacional, de manera discrecional, le gira cantidades excesivas de subsidios en comparación con las provincias restantes, sumas estas que son mucho mayor a lo dejado de percibir como consecuencia de la mentada ley”.

La Pampa considera que este giro “elimina la discriminación sostenida por la provincia de Buenos Aires y constituye un menoscabo del federalismo en desmedro de las restante provincias. A modo ilustrativo, mientras que para el año 2016 cada uno de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Buenos Aires recibieron, en promedio, unos $8.850 en subsidios del Gobierno Nacional, quienes viven en el resto del país, recibieron en promedio de $5.100 por el mismo concepto”.

La provincia de la Pampa cumplió con la obligación legal de contestar la demanda iniciada por Buenos Aires, pero en paralelo ha promovido el reclamo, ante esta misma Corte, solicitando la declaración de inconstitucionalidad en su totalidad del artículo 104 de la ley de Ganancias, lo que beneficia también a las restantes provincias al incrementarse la masa de fondos que se coparticiparán.