Según informó ayer el diario St. Petersburg Times en su edición digital, el legislador William Snyder afirmó que, de aprobarse la nueva ley migratoria, la policía del estado de Florida tendrá poder para pedir a las personas sospechosas prueba de su residencia legal.

"Hay componentes importantes de la ley de Arizona que planeo incorporar", declaró el congresista, que presentará el proyecto a la Asamblea Legislativa estatal en noviembre próximo.

La polémica ley SB1070 de Arizona, que entraría en vigor dentro de un mes, sería la primera en el país en convertir en delito menor la presencia ilegal en ese estado y otorga funciones de agentes de inmigración a la policía local, entre otros aspectos.

Mientras tanto, los líderes de la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes de Florida dijeron que es necesario un nuevo enfoque para responder "al fracaso del gobierno federal en el control de la inmigración ilegal".

La iniciativa de Snyder tiene el respaldo de los dos principales candidatos republicanos a gobernador del estado, el empresario Rick Scott y el procurador general Bill McCollum, cuyo despacho ayuda en la redacción del proyecto de ley, agregó el legislador.

Snyder, ex policía, dijo que el proyecto de ley es necesario para proteger a los inmigrantes indocumentados, que son vulnerables a empresarios "abusivos y delincuentes violentos".

"Es un tema de derechos humanos. Ellos no disfrutan de los mismos derechos y privilegios que usted y yo. La solución es hacer cumplir las leyes que están en vigor y desalentar a la gente a venir a buscar una mejor vida, cuando en realidad se convierten en víctimas", explicó.

El congresista no quiere que su proyecto desate las mismas acusaciones de racismo que ha provocado la ley de Arizona; por eso, podría modificar algunos aspectos para permitir a las autoridades verificar el estatus migratorio de una persona sólo durante un arresto o una infracción de tránsito.

En Arizona, las autoridades tienen que pedir documentos legales durante cualquier detención si existe una "sospecha razonable".

Otros estados han manifestado sus intenciones de seguir los pasos de Arizona como Carolina del Sur, Michigan, Minnesota, Pensilvania y Rhode Island, afirmando que el gobierno federal no resuelve el problema de la inmigración ilegal y la seguridad en las fronteras.

No obstante, la Casa Blanca planea presentar esta semana una demanda para impugnar la polémica ley de Arizona. El gobierno de Washington no ha revelado qué argumentos utilizará para defender su caso ante los tribunales, pero algunos expertos legales creen que alegará que Arizona viola con esta ley la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al poder federal.

Además, se estima que el presidente Barack Obama, tras lograr la aprobación de la reforma de salud y un acuerdo legislativo por la reforma financiera, se prepara ahora para lanzar la reforma del sistema migratorio a nivel nacional.

En ese sentido, el mandatario convocó a los legisladores del Congressional Hispanic Caucus (CHC, el bloque de congresistas latinos, todos ellos demócratas) para pasado mañana en la Casa Blanca. Un día antes, el presidente recibirá a activistas defensores de los derechos de los inmigrantes.