El propio presidente del Consejo y titular del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía, confirmó que la medida fue tomada por el viernes por el cuerpo -que también integran representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Colegio de Abogados-, atento a la incertidumbre que generó la medida cautelar de los amparistas.

"Sabemos que hay funcionarios y magistrados que están estudiando para los concursos, pero no sabemos qué pasará con ellos. Por eso, por ahora, fueron suspendidos, aunque no sabemos hasta cuándo", explicó Fernández Mendía.

Los fiscales y defensores, patrocinados por el abogado Miguel Palazzani, plantearon la inconstitucionalidad del artículo 6º que obliga a los funcionarios y magistrados judiciales a permanecer tres años en un cargo antes de poder presentarse a un concurso. Paralelamente, a través de la medida cautelar, solicitaron la suspensión de los concursos previstos para el lunes 18 para dos cargos de juez de control en Santa Rosa.

El amparo ingresó al Juzgado en lo Civil 1, pero la jueza Susana Ethel Fernández, se inhibió aduciendo que mantiene "permanente frecuencia de trato" con algunos de los demandantes, y a ello le sumó "graves motivos de decoro y delicadeza" porque es vocal suplente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, una entidad que respalda el reclamo. Sin embargo, tal como fueron explicadas las causales, ninguna figura en la normativa vigente.

Fernández devolvió el amparo a la Receptoría de Expedientes y desde allí fue girado al Juzgado en lo Civil 2, a cargo de María del Carmen García. Esta jueza, inmediatamente, le corrió vista al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura, y le requirió a éste el envió de las actuaciones sobre ambos concursos como medida previa a la resolución de la cautelar.

El Consejo entregó el viernes fotocopias de los expedientes sobre los concursos, pero ni siquiera esperó una resolución del tribunal; sino que directamente dispuso la suspensión provisoria de ambos.

En teoría, García tendría que resolver entre hoy y mañana esa medida cautelar, pero será algo en abstracto ante la suspensión preventiva. Por eso la discusión de fondo apuntará a la inconstitucionalidad del citado artículo, aunque en ese caso los tiempos procesales serán más largos porque deben responder el Ejecutivo y el propio Consejo.

El texto cuestionado, que está vigente desde el mes pasado, dice que "a partir de ese momento, y respecto de los magistrados y funcionarios, deberá transcurrir un período de tres años en el ejercicio del cargo, como condición para postularse en concurso para otro cargo dentro del Poder Judicial provincial". Cuando el Consejo de la Magistratura notificó a varios de los inscriptos en los concursos que no podían participar porque no llevan tres años en sus casos (se habían anotado en noviembre), seis de ellos decidieron recurrir a la justicia ordinaria.

Palazzani recurrió a dos artículos de la Constitución provincial para fundar la inconstitucionalidad. El 27º que expresa que "la idoneidad será la única condición para el desempeño de cargos y empleos públicos" y el 6º que dice que "la convivencia social se basa en la solidaridad e igualdad de oportunidades".

Sostuvo que si la idoneidad, y no la antigüedad, es la única condición, no puede exigirse ese tiempo mínimo de permanencia en un cargo; y también que el artículo objetado quiebra la igualdad de oportunidades porque a otros postulantes -como los abogados de la matrícula y los funcionarios y magistrados judiciales del fuero federal y de otras provincias- no se les exigen los mismos requisitos.