El fiscal de Estado, Carlos Bertorello, anticipó que el Estado apelará el fallo del juez de Control de Garantías, José Antonio Carma, quien dictó el sobreseimiento total y definitivo para el ex titular de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) Arturo Aguirre por la causa en la que se investigaba la compra de medicamentos oncológicos. Bertorello negó que Fiscalía de Estado no hubiera seguido la causa.

"El titular de la acción penal es el fiscal de instrucción, ningún otro funcionario o magistrado oficial, menos aún de la esfera administrativa como somos nosotros, puede llevar adelante la acción”, dijo al responsabilizar a los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecín, que investigaron la causa en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

En esta línea señaló: "La obligación de la Fiscalía de Estado es la denuncia y a partir de ahí la posibilidad de constituirse en querellante para coayudar al proceso, pudiendo ofrecer pruebas, pero los actos que tienen la posibilidad de interrumpir la prescripción son exclusivos resortes de la Justicia”.

Al respecto, agregó que instancias como la indagatoria, la elevación a juicio, la fijación de fecha de debate y el debate propiamente dicho evitan que una causa prescriba.

Bertorello defendió la labor que cumplieron los letrados que representaron al Estado: "Fiscalía de Estado ha adoptado todas las medidas y va a seguir agotando todos los recursos, no porque particularmente persigamos personas, sino porque queremos tener la claridad con respecto a cómo fueron las situaciones que perjudicaron al Estado, no solo en esta causa sino en todas”.

Además, comentó que hay "una metodología” cuando las imputaciones son de delitos que tienen poca pena como los casos sobre incumplimiento del deber de funcionario público: "Es muy común que los abogados en el ejercicio de la defensa del imputado planteen nulidades, aun cuando las pierdan, pero prolongan el proceso y terminan con una prescripción”.

"Por eso ¿qué requerimos de la Justicia? –planteó Bertorello–, requerimos no solo celeridad sino eficacia y eficiencia, ya que necesitamos saber cómo fueron los hechos, quiénes son los responsables y por qué se ha producido el terrible saqueo que ha sufrido el Estado provincial”.

De igual modo, agregó que el organismo impugnó también el dictamen del Tribunal de Cuentas que liberó de responsabilidad a Aguirre y al resto de los imputados en la causa.