Se escucharon los alegatos en el juicio por el chico que se quemó en una celda en Pico. La querella pidió una condena más dura: cinco años y diez meses de prisión. En tanto, las defensas anticiparon el pedido de absolución. El abogado defensor, Armando Agüero, dijo: "Nadie le puso un fósforo o un encendedor en la mano. La muerte fue una acción propia".
El fiscal Jorge Marcelo Amado y el abogado querellante, Ezequiel Marquesoni, pronunciaronn la acusación, y la defensa la ejercieron los profesionales Armando Agüero (por los policías Pérez y Benítez) y Mirta Braun (por el oficial Fernández). El tribunal está integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Elvira Rosetti y Miguel Ángel Gavazza. La sentencia se leerá dentro de una semana: el martes 13 de mayo al mediodía.
Sólo seis meses
En su alegato, Amado destacó que si bien no se develó en el juicio la incógnita acerca del elemento con el cual la víctima se prendió fuego y cómo ingresó a ese lugar, el hecho "se consuma por omisión". Subrayó que los tres policías tenían "la obligación de requisar" al demorado y violaron así la normativa pertinente.
"Más allá de las dudas son responsables de que el menor haya cometido el hecho", sostuvo, para afirmar que la omsión tuvo relación causal con la muerte.
Además, señaló que los policías también incurrieron en "falta de control directo, más teniendo en cuenta el estado" del menor, que arribó alcoholizado (1,6º de alcohol en sangre), herido en una rodilla y, según se comprobó después, también bajo los efectos del consumo de marihuana.
Amado señaló que la orden que recibieron los policías de ingesar al menor a la Comisaría violaba la ley ya que "Chami" Fernández debió ser atendido por un médico "en forma inmeditada".
"Posiblemente, si lo hubieran requisado, (la muerte) no hubiera ocurrido", conjeturó. "Es una falta grave", insistió.
Pena máxima
Por su parte, el abogado querellante, Ezequiel Marquesoni, estimó que en el debate se acreditó la "conducta negligente" de los tres policías que admitieron que no requisaron a la víctima antes de alojarlo en la celda de la Cuarta. Dijo que esto fue determinante en la muerte del chico y agregó que, además, tenían el deber de la requisa y la custodia del detenido.
Como agravantes del caso, mencionó "el estado de vulnerabilidad" en el que ingresó "Chami" Fernández y que era el único detenido que tenían esa madrugada en las dependencias. "Esto aumenta la desidia", dijo. Con esos elementos, requirió que se aplique el máximo de la pensa posible.
Por la absolución
Los abogados Armando Agüero y Mirta Braun solicitaron la absolución. En el primer caso, planteó que Benítez cumplía tareas de chofer y no estaba obligado a requisar y vigilar a la víctima. De todos modos, negó que esas omisiones de los policias tuviesen una relación directa con la muerte. "Nadie le puso un encendedor o un fósforo en la mano. Fue por propia acción del joven", argumentó.
El abogado también planteó que Fernández ya había sido requisado "puntillosamente" en la Primera, cuyos policías lo detuvieron, y esa fue la razón por la cual no volvieron a revisarlo. Sostuvo que una segunda requisa "no hubiese sido mejor" que la primera, ya que con los menores tienen más límites.
Por otro lado, Agüero afirmó que "el hecho se tornó imprevisible" porque los policías le habían dicho a la víctima que se iba a ir rápido a la casa y lo conocían de antes y tenían buena relación. "Nunca se imaginaron que pudiera ocurrir algo así", dijo.
La vigilancia permanente que se le exigie en la acusación "es una utopía impracticable", opinó. Y recordó que en la época del caso no se le proveía de colchones ignífugos a las comisarías. "El prendió el colchón. Solo provocó su muerte", insistió, para reafirmar la hipótesis de que las omisiones de los policías no tuvieron incidencia en la muerte.
Por su parte, la abogada Mirta Braun, coincidió en el pedido de absolución para su defendido -el oficial Fernández- y alertó que en el juicio no se probó cómo ni con qué se inició el fuego. Recordó que Fernández cumplió una orden, en contra de su criterio, emitida por los superiores. "Si le hubieran hecho caso, no hubiera ocurrido", calculó.
Finalmente, calificó de "hipótesis arbitraria" la fundamentación de la acusación. "La imprudencia fue de la víctima", aseveró.
Un testigo dijo que “debían priorizar la salud del niño”
El exjefe de la Comisaría Cuarta de Pico, Crespín Garrido, no les dio una mano a sus antigüos empleados. “Debían priorizar la salud del niño. Yo lo hubiera llevado directamente al hospital. Si yo no soy médico”, le dijo este martes al tribunal, cuando le preguntaron sobre el caso de “Chami” Fernández.
Garrido era el jefe de la Cuarta, pero en la época del caso estaba de licencia. Hoy declaró, antes de los alegatos. Y aseguró que él habría desobedecido la orden de alojar a “Chami” Fernández en el calabozo porque llegó prácticamente “desmayado” a la comisaría.
De todos modos, dijo que si el chico quedaba allí, la obligación era requisarlo. Y que si el joven se negaba, debían dejarlo en la guardia, para observarlo directamente, y no encerrarlo en el calabozo.
“Fernández cumplió la orden de un superior. Son temperamentos. Yo la hubiese desobedecido”, insistió. “Está prohibido que un menor acoholizado, intoxicado, quede en la comisaría”, señaló.
El hecho
“Chami” Fernández fue llevado a la Cuarta el 22 de noviembre de 2009, alcoholizado y con una rodilla sangrando, luego de que lo demoraran porque le había pegado con una baldosa en la cara a un policía en la puerta de entrada de un boliche bailable. A las 5:00, lo dejaron en un calabozo. Y a las 5:20 llamaron a una ambulancia porque el colchón que le dieron al chico tomó fuego y él sufrió graves quemaduras en la mitad del cuerpo. Falleció una semana después en Buenos Aires, en el Instituto del Quemado. Nunca se encontró el elemento que inició el fuego.
Los tres policías que estaban en la Cuarta esa noche -Fernández era el oficial de servicio- llegaron ahora al juicio imputados del delito de homicidio culposo por actuar con negligencia al no disponer atención médica, no requisar ni mantener bajo custodia a la víctima. Era el único demorado que tenían esa madrugada.
El juicio, que se realiza en la Cámara del Crimen Nº 1 de Santa Rosa, fue seguido en las dos jornadas por familiares de la víctima -los padres participan como querellantes- y también por miembros de la Asociación de Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que colocaron carteles en la entrada del edificio con la leyenda “Ni un pibe menos”.
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