En medio de una de las causas judiciales más trascendentes de los últimos años, que tiene como foco la provincia de Santa Cruz, dado que se sospecha que el dinero “lavado” sería proveniente principalmente de sobreprecios en obras públicas de nuestra provincia, el fiscal intentó agilizar las medidas que incluyen allanamientos y acopio de pruebas.

En este contexto ayer Marijuán consideró que lo establecido por Casanello es “prematuro” porque no puede “descartarse” que la documentación que se trasladó desde ese lugar a otra propiedad de Báez no tenga relación con la causa por lavado de dinero.

El fiscal dijo que “así, a esta altura de la pesquisa, no es posible inferir que el hecho traído a conocimiento no se encuentre vinculado con las operaciones aquí denunciadas, sobre las cuales compete a esta Justicia federal comprobar su legítimo origen o bien descartarlo”, puntualizó.

Argumentos

Según la presentación de Marijuán, la denuncia de Carrió sobre la remodelación de la casa de Báez se relaciona con el lavado de dinero y por eso sostiene que debe investigarse en la misma causa. “En efecto, desde el punto de vista objetivo, toda la investigación se centra en el posible lavado de dinero que, a grandes rasgos, habría acontecido llevando a cabo una maniobra que pudo haber consistido en el traslado de grandes sumas de dinero a esta capital, precisamente desde el sur del país, para luego embarcarlas a otros países y desde allí –o incluso desde esta propia Capital Federal–, transferirlas a cuentas bancarias en distintos lugares del mundo y a nombre de sociedades creadas al efecto. En este contexto, no entiendo cómo puede escindirse una presentación que muestra uno de los lugares donde pudo haber estado el dinero antes o después de hacerlo circular con el propósito de lavado antes aludido”.

Además el fiscal sostiene que el expediente debe quedarse en Buenos Aires ya que “corresponde señalar que precisamente la eventual existencia de documentación y/o dinero en una bóveda particular no resulta inverosímil si se tiene en cuenta que se viene haciendo referencia en la causa a movimientos de dinero fuera del sistema bancario, en el ámbito de la clandestinidad”, señala el escrito del fiscal.

Mientras todas las miradas están puestas en el accionar del fiscal y el juez que debería entender en la causa, el gobierno mantiene un estricto silencio sobre el tema que salpicaría tanto a la actual gestión como a la del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. De igual manera, el anuncio de poner el fútbol de los dos principales equipos del país ( Boca y River) a jugar en el mismo horario en el que se emite el programa periodístico donde se impulso la investigación, es por lo menos sugestivo.

Ayer, el fiscal intentó que en este punto de la investigación no se disperse el accionar judicial y por eso pidió que el juez Casanello, de marcha atrás con su medida.

De este modo el fiscal consideró que “la demora que conlleva la adopción de decisiones tales como la aquí cuestionada, pueden poner en grave riesgo el aseguramiento de los elementos de prueba que permitan corroborar o no los hechos develados”. Haber enviado la causa a Río Gallegos implica, para Marijuán, “el entorpecimiento del curso de la investigación, conspira contra la celeridad que debe regir todo proceso y frustra la obtención de prueba vital para la prosecución de la pesquisa”.

Además de apelar la decisión de Casanello, el fiscal Marijuán se ofreció para seguir a cargo del caso si es que el juez le quiere delegar la investigación. Y criticó que al empresario Lázaro Baéz no se lo haya imputado al principio de la causa, cuando –según la información de la denuncia de Carrió– se habría desmantelado la bóveda.