El fiscal que lleva adelante la investigación por "presunto cohecho" contra el juez de Garantías olavarriense, Antonio Saladino, viajó en la mañana de ayer a Azul y tomó declaraciones testimoniales a personas que ya habían declarado en la causa que se sigue por el crimen del abogado Marcos Alonso.

Esos testigos habían mencionado a Saladino en sus declaraciones y la acumulación de testimonios derivaron en la pesquisa sobre el magistrado olavarriense, que está en manos del fiscal David Bruna, responsable de la Unidad Funcional Temática de Instrucción, Juicio y Ejecución en Delitos Económicos contra la Administración Pública y la Fe Pública Nº 10 de Mar del Plata.

Además, Bruna se reunió con el Fiscal General de Azul, Eduardo Serradel, y por la tarde retornó a la ciudad balnearia.

Paralelamente, ayer trascendió también que las de Azul no fueron las primeras declaraciones que se tomaron en la causa ya que la semana anterior el propio fiscal marplatense también viajó a Olavarría para entrevistarse, entre otras personas, con la fiscal Susana Alonso, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de nuestra ciudad.

La fiscal prestó declaración testimonial ante su par de Mar del Plata, en una causa que se está desarrollando con celeridad, mientras se espera que se sortee a los senadores y diputados que harán de conjueces en el Jury que se le seguirá al juez Saladino, sospechado por presuntos favores judiciales.

Entre los testimonios que comprometieron al magistrado se contó el de Fabiana Márquez, viuda de Alonso, cuando reveló a EL POPULAR Medios que "yo siento que fue causa - efecto. Porque hicieron que él quedara como un mentiroso cuando él no había mentido. Y esto que dicen como que confundió la amistad con lo laboral, no, no... El no confundió nada. El no le mintió a su defendido. No es que él le dijo yo tengo todo arreglado y no tenía nada arreglado. El a su defendido fue y le planteó eso con lo que con él se habían comprometido. Y él cumplió con su palabra. El cumplió con su parte. La otra parte, no".

Las denuncias apuntan a que Marcos Alonso habría efectuado un pago de dinero al magistrado para que resolviera un cambio de carátula en la causa que se sigue contra Walter Gallastegui por el ataque a Fabricio Armendano en la madrugada del 14 de noviembre pasado. Alonso pedía que la calificación pasara de "tentativa de homicidio" a "lesiones graves", cuestión a la que Saladino se negó. Y justamente a eso se refería Márquez cuando decía en la entrevista con este diario que alguien no había cumplido con su palabra.

Entre otros elementos probatorios, instructores enviados desde la Suprema Corte de Justicia habrían hallado en pericias informáticas correos electrónicos donde el juez habría asesorado al abogado asesinado sobre la presentación de escritos vinculados con el caso Gallastegui.

El delito de "cohecho" está previsto en el capítulo VI del Código Penal Argentino. Allí se lee que según el artículo 257 "será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia".