Recientemente, el BLP presentó una demanda contenciosa administrativa y una medida cautelar para evitar que sus directores estatales tengan que presentar las declaraciones juradas de bienes ante la FIA. La demanda es analizada por los jueces de la Sala B del Superior Tribunal de Justicia. La discusión pasa por saber si son o no funcionarios.

En octubre del año pasado, Javier Folmer y Walter Faccipieri fueron notificados del pedido del fiscal. Se pasó el plazo y ahora la FIA los intimó nuevamente: les dio 30 días más. Se descuenta que no presentarán las DD.JJ.: argumentarían, incluso, que el caso ya está judicializado.

Folmer y Faccipieri, en rigor, ya presentan sus declaraciones juradas en el Banco Central. Pero la FIA sostiene que también deben hacerlo ante los órganos de control pampeanos.

La FIA pretende, por ahora, sus declaraciones juradas de 2012. ¿Y qué pasó con Diego Aguirre y Pablo Echeveste, quienes asumieron hace días? Ya les comunicaron que también deben presentar sus números ante la fiscalía, dijeron fuentes oficiales.

Durante años, los directivos por el capital estatal del Banco de La Pampa se han amparado por jurisprudencia pampeana que sostiene que no son funcionarios: el dictamen 643/02 de la Asesoría de Gobierno, y resoluciones del Tribunal de Cuentas y del Superior Tribunal. Igual, otros jueces han opinado lo contrario. Por ejemplo, la jueza Verónica Fantini en el juicio que les hizo Juan Carlos Tierno, exdirector del BLP, a periodistas del periódico Lumbre.

Lo cierto es que durante 2013, finalmente, la FIA zanjó una vieja diferencia de hace años: los directores del Banco de La Pampa son funcionarios y, por eso, deben presentar sus declaraciones juradas. Así, el fiscal Juan Carlos Carola echó por tierra la vieja interpretación que tenía el Poder Ejecutivo Provincial.

El fiscal –quien es la autoridad de aplicación desde 2013 de la Ley 1252 de Control Patrimonial- argumentó en la Resolución 33/2013 que la Constitución Provincial menciona como obligados a presentar DD.JJ. a los funcionarios electivos y a los que manejen dineros públicos. "El interés público comprometido y la transparencia en el manejo de fondos públicos del pueblo de la provincia de La Pampa, exige una interpretación amplia de los criterios para definir los obligados a presentar DD.JJ. patrimonial", expresó.