El fiscal de Estado, Diego Carmona, se despegó de la contratación del estudio de abogados que dirige la demanda contra el Gobierno nacional por un monto de “900 millones de dólares”, al señalar que ese acuerdo se realizó “en el año 2005”.
Las declaraciones del fiscal de Estado se conocieron ayer, después de que la semana pasada el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical decidió poner en marcha el procedimiento para su destitución del cargo y anunció la voluntad de presentar una denuncia penal para que se investigue la actuación de ese funcionario en la contratación directa de dos abogados privados para reclamar judicialmente a la Nación por la liquidación de regalías petroleras a la provincia.
En este contexto, Carmona defendió la contratación que le cuestionan los legisladores radicales con el argumento de que el registro de propiedad intelectual de la fórmula que se usa de manera habitual para las demandas por la presunta mala liquidación de regalías petroleras torna casi obligatoria la asistencia de Halperin-Hutchinson.
Cabe recordar que desde el radicalismo se cuestionó el hecho de que un estudio privado represente al Gobierno provincial, a través de una contratación en “forma directa de dos personas para litigar, por un monto superior a 900 millones de dólares”, sostuvo el legislador radical, Carlos Lorenzo.
PROYECTO AVANZADO
En este marco Carmona también se refirió al proyecto de enmienda o reforma constitucional anunciada la semana pasada por el gobernador Mario Das Neves. Al respecto indicó que “el hecho de que se hayan mencionado de manera muy concreta tres puntos indicaría que vamos camino a un reforma constitucional, teniendo en cuenta que son más de dos artículos lo que hay que analizar. De todas formas esto será una definición política que tomará en propio gobernador, a ver si precisa avanzar en solo dos o en más artículos”.
Según explicó Carmona, la modificación del artículo 248 referido a los fueros ya está hecha: “lo que resta definir es si vamos a avanzar en algún otro artículo.
Hay que destacar que en el tema de los fueros, se trata de poner en compatibilidad a nuestra Constitución Provincial con la Constitución Nacional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, ya que ninguno de estos contemplan una redacción tan amplia como el artículo 248 de nuestra Constitución”.
“Lo que se plantea básicamente en ese artículo es que los fueros se pueden invocar en el ejercicio de la función, no por fuera de ella”, concluyó.


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