La venta clandestina ya sea en comercios tipo "saladitas" o bien ambulante, podría llegar a crecer hasta un 30 por ciento para las fiestas navideñas de diciembre, según lo señalado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Dato que motivó, nuevamente, el malestar y advertencia por parte del empresariado tucumano para aplicar de una vez por todas medidas que tiendan a la erradicación del comercio ilegal que se asienta en la provincia. En este sentido, desde la Federación Económica de Tucumán (FET), precisaron que está pendiente una reunión con el Intendente de la capital, Domingo Amaya, para analizar la situación acaecida por la presencia de los cuentapropistas que atestan para estas fechas las calles, peatonales y veredas de la Ciudad.

"Seguimos esperando una respuesta seria por parte del Estado para que se avoque al cumplimiento de las normas. En la actualidad no se percibe en lo absoluto una reacción lo suficientemente clara desde el Gobierno para reordenar este sector", manifestó a EL SIGLO, el presidente de la FET, Raúl Robin. Al ser consultado sobre el nivel de eficacia de los controles que se llevaron a cabo hasta el momento por parte del municipio, el dirigente adujo que "se pueden ver acciones y movimientos esporádicos, pero de ahí en más no tienen continuidad alguna debido a que no se estableció una estrategia de erradicación lo suficientemente compleja y que le otorgue a la problemática una solución definitiva".

Paralelamente, se quejó por haber insumido mucho tiempo en meras planificaciones del accionar a aplicar, pero que no demandó su correlatividad en hechos concretos. "No puede ser que hayamos convocado a todos los organismos para estudiar este tema, pero pasó un año y nuevamente no avanzamos en nada, no llegamos a ninguna conclusión por la falta de voluntad que demuestra el Estado", sostuvo Robin.

Vale recordar que, según un estudio conjunto de la CAME y la FET, se consignó que en San Miguel de Tucumán funcionan ocho "Saladitas" con 200 puestos de ventas, pero uno de los mayores problemas es el crecimiento diario en la venta en la vía pública en el centro de la ciudad. Se precisó también que en octubre la venta ilegal en la Provincia movió 88 millones de pesos, en unos 1.400 puestos, ubicándose, según el relevamiento, como la cuarta provincia con mayor cantidad de vendedores ambulantes en el país. En medio de este contexto, Robin indicó que "existe una red de distribución nacional de comercio ilegal porque el sector está totalmente descontrolado y, lamentablemente, hay algunos empresarios que contribuyen con este panorama al proveer la mercadería a los ambulantes".

La fuente consultada también desechó de plano una posible negociación con los vendedores ambulantes para organizar el mercado y comercialización.

"Bajo ningún aspecto vamos a recibirlos y negociar con quienes dicen enrolarse en un sindicato, porque de ser así que nos demuestren que sus representados están en blanco o son monotributistas. Incluso, si se regularizarían, hasta lo pensaría en reunirme con ellos. Pero no veo una justificación para avanzar en una negociación con este sector informal", señaló tajante Robin.

A su vez, el empresario, prácticamente desestimó el proyecto para instalar en los predios de la ex estación "El Provincial", de avenida Roca al 700, un centro comercial al estilo de una "Saladita", tal como lo había propuesto Luis Lobo, dirigente de los vendedores ambulantes.

"En primer lugar, no existe un pedido formal en este sentido, además resulta muy difícil que el Gobierno acceda a otorgar estos predios ya que los mismos son administrados por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) por lo que una decisión al respecto de la cesión de los terrenos resulta muy compleja", admitió Robin. Sin embargo, y más allá de los canales administrativos y burocráticos que pueda conllevar el análisis de esta iniciativa, desde la FET manifestaron su desacuerdo con este tipo de emprendimientos. "De lo que se habla es de una radicación ilegal que no vamos a avalar. Ellos (por los ambulantes) si quieren estar ahí deberán tributar porque la ley debe ser igual para todos. Pero, desde el vamos, las gestiones las está llevando adelante un supuesto sindicato, quedando evidenciado que se trata de una actitud y pretensión completamente ilegal", razonó Robin.

En tanto, las posturas vertidas desde el sector de los vendedores ambulantes, dan cuenta de la necesidad de que se aplique una ordenanza municipal que avale la tarea por ellos realizada para continuar ejerciéndola sin inconvenientes, tanto con las autoridades como así también la disputa con el comercio legal.

"Queremos una solución definitiva. Queremos pertenecer al sistema", afirmó otro de los referentes de los vendedores informales, Claudio Robledo. Para ello propone elaborar "una ordenanza para el vendedor ambulante, que sea decretado por el Concejo Deliberante". Al respecto, Robledo afirmó que "hace un año que estamos organizados", pero que hasta el momento "no hemos conseguido nada (en relación a una homologación normativa)". Finalmente, los ambulantes se comprometen a que, en caso de obtener la ordenanza a su favor, mantendrán limpia la zona en la que desarrollen su trabajo, y el orden en el microcentro.