La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la principal patronal del sector, se opone a la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas propuesta por el Gobierno en su Plan Presupuestario anunciado ayer.

La asociación ve la medida “injusta y discriminatoria”, y rechazan que esta vaya a implicar un cambio en los hábitos de consumo, una de las razones que se esgrimen desde el Ejecutivo para argumentar la subida. “Solo tiene un efecto recaudatorio que además va a impactar más gravemente a las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis”, explica FIAB en un comunicado.

Su director general, Mauricio García de Quevedo, cree que la subida impositiva "va a retraer de manera considerable el consumo", y acusa al Gobierno de "una gran falta de sensibilidad" hacia la hostelería, un sector "gravemente afectado por la pandemia”.

García de Quevedo defiende que gravar las bebidas azucaradas no hará que el consumo se desplace a otro tipo de productos más saludables, y también cree que "no tienen ningún efecto probado sobre la salud ya que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial”.

El Gobierno central sigue la estela de la Generalitat de Catalunya, que en 2017 ya aprobó su propio impuesto a las bebidas azucaradas, que está recurrido ante la justicia a la espera de una sentencia definitiva. El Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas (IBAE) grava a toda bebida que contenga edulcorantes añadidos como azúcar, miel, fructosa, sacarosa, jarabe de maíz, jarabe de arce, néctar y jarabe de arroz. Esto afecta a refrescos, zumos, bebidas isotónicas, bebidas vegetales, energéticas o aguas con sabores. En los tres años en los que ha estado en funcionamiento la Generalitat ha recaudado 99 millones de euros, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña. En 2019 fueron 34,7 millones, un 17% menos que en 2018.