El escrito, redactado por el cuerpo letrado del Municipio, determina “la nulidad absoluta e insanable” de la normativa que regula el tarifazo, en la medida en que viola parte de la ley que establece el Régimen de la Energía Eléctrica, y desconoce los procedimientos previstos por esta norma para autorizar aumentos tarifarios.

La medida cautelar solicitada resalta la figura del usuario del servicio público como “la parte más débil de la relación de consumo”, dejando en claro que “no se han respetado debidamente sus intereses y el derecho a ser informados con anticipación de la tarifa que pagarán”.

Entre los argumentos de la demanda, se encuentra el incumplimiento del artículo 46 de la Ley 24.065 (que establece el Régimen de la Energía Eléctrica). El mismo determina que al recibir una solicitud de aumento tarifario por parte de las empresas distribuidoras, el ente regulador se encuentra obligado a dar “inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta días y convocar a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público”.

El escrito establece que la actitud del gobierno macrista es “improcedente, irrazonable y arbitraria” al fundamentar la omisión de la audiencia pública en un acta acuerdo de renegociación contractual suscripta en el año 2006, que de todas formas no contemplaba aumentos en categorías residenciales.

A tal respecto, el Municipio establece que la postura del Ministerio de Energía, comandado por el ex directivo de Shell, Juan José Aranguren, “no puede aplicar lisa y llanamente directivas acordadas hace diez años, como si las condiciones no hubiesen variado”.