El accionar del funcionario fue motivado por las "informaciones públicas que manifestaban dudas en los aportes que el MBS hace a instituciones de la sociedad civil", se informó desde el Centro Cívico a través de un parte de prensa difundido el martes a la noche.

En el comunicado aclaran que de las citadas informaciones "no se infieren faltas administrativas como así tampoco delito alguno" y no mencionan a cuáles de las entidades a las que otorgan subsidios están referidas.

Las beneficiarias.

Las entidades que en los últimos meses han recibido una llamativa cantidad de subsidios fueron la Fupest (Fundación para la Promoción de Estudios Superiores en Tecnologías), la Fundación Nuestros Pibes y la Asociación Civil Rumen. Las dos primeras son de Santa Rosa y están presididas por la titular del Liceo Informático, Lilia Armando, y la dirigente justicialista Stella Maris García, respectivamente. La tercera es de General Pico y su titular es el médico Daniel Scafidi, el único que dio explicaciones respecto al uso que tienen los fondos públicos que recibe su institución.

La Fupest recibió más de dos millones de pesos entre julio de 2009 a febrero de 2011, situación que reveló la diputada del Frepam, Josefina Díaz, quien se permitió dudar de cómo se manejan esos aportes porque "no es fácil lograr la información pública que permita confiar en cuáles son los fines de tantos recursos". La legisladora informó además que Fupest tiene el mismo domicilio que el Liceo Informático: Ameghino 865.

En cuanto a Nuestros Pibes, actualmente hay un pedido de la oposición en la Legislatura para que se la audite para clarificar su situación financiera. La intención de los autores de la iniciativa es que la entidad justifique las diferencias entre los cuantiosos subsidios que cobra y los gastos reales. Apenas iniciado el año, el diputado Adrián Peppino había quedado en realizar una denuncia ante la FIA, que apuntaba a saber qué destino tenía el excedente que le quedaría a esa institución.

Explicación.

A principios de este mes, Scafidi, titular de Rumen, afirmó que los subsidios que la entidad recibía de parte del MBS eran destinados exclusivamente para el pago de los sueldos del personal que trabajaba con menores en riesgo en General Pico. Había afirmado, incluso, que la entidad tenía a su cargo a los equipos técnicos que atienden a los niños y adolescentes que son enviados por el Juzgado de Menor y Familia de General Pico a familias sustitutas y "minihogares".

La suma mensual para el pago de los salarios, afirmó entonces, era de entre 80 y 90 mil pesos hasta el año pasado y había subido, a partir de los aumentos salariales, a 120 mil a partir del año en curso.