La Policía Federal Argentina contrató los servicios de Iron Mountain, la empresa multinacional que se incendió el miércoles y dejó nueve bomberos muertos y muchas incógnitas sobre cuál era el contenido de los documentos que guardaba en su interior. A pesar de que la información oficial se esmeró en consignar que el depósito sólo contenía originales de bancos, compañías telefónicas y empresas privadas de otros rubros, lo cierto es que Iron Mountain tiene un acuerdo con la fuerza de seguridad para custodiar sus archivos.

Dos altos mandos de la Federal, que recorrieron la zona del incendio minutos después del derrumbe de la pared que produjo las muertes, confirmaron a Clarín la existencia de este contrato, aunque todavía la investigación judicial no tiene certezas sobre cuáles son los papeles que se convirtieron en ceniza después del fuego.

Iron Mountain es la principal compañía del mundo en custodia de documentación. En su página web ofrecen “servicios integrales de gestión de archivos, protección de datos y destrucción de la información”. Por esta razón, el detalle de los papeles que ardieron el miércoles es un dato esencial para determinar si el episodio pudo haber sido intencional.

El contrato con la Policía Federal podría ser sólo un ejemplo de los servicios que esta empresa brindaba a organismos públicos. Según consta en el Registro Nacional de Contrataciones, la multinacional es proveedora del Estado desde el 8 de enero de 2004.

Con la misma intención de avanzar sobre el contenido de los archivos del depósito de la calle Azara al 1200, el Gobierno nacional pidió el viernes a la Comisión Nacional de Valores que exija a las sociedades que operan en la Bolsa que revelen si habían comprado los servicios de Iron Mountain. Por la noche, varias de ellas ya habían subido esta información a la Web. Sin embargo, no hay ninguna dato oficial sobre los contratos con el Estado.

Clarín intentó comunicarse reiteradas veces con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, de quien depende la Policía Federal, pero no hubo respuesta a los llamados.

El galpón incendiado no es el único que utilizaba la multinacional para guardar sus documentos. Tiene otros tres repartidos por la Ciudad de Buenos Aires y en estos días los clientes privados intentaban recibir alguna certeza sobre dónde estaban sus archivos, pero Iron Mountain sólo está respondiendo a los pedidos de la Justicia. Hasta ahora, la principal hipótesis de la fiscalía N° 37, a cargo de Marcela Sánchez, es la desidia en el mantenimiento de los sistemas de seguridad. Esto surge de la declaración de empleados que dijeron que los aspersores funcionaron mal, incapaces de contener un principio de incendio. Ayer, este diario reveló que una primera inspección de la división Investigaciones de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal encontró que, de las dos cisternas instaladas para garantizar la presión del agua, una estaba directamente vacía y la otra estaba tenía una cantidad insuficiente.

Pese a eso, la causa no descarta el incendio intencional. Sobre todo por los antecedentes de Iron Mountain, que en el resto del mundo tuvo al menos otros siete siniestros similares, algunos peritados como intencionales, además de varias pérdidas graves de información. Un ex supervisor que declaró en la fiscalía dijo además que hubo dos accidentes –en 2005 y 2009– en la planta de Parque Patricios. El fuego en Barracas aún está apagándose, escondido en focos entre ladrillos y hierros. Lo que quede entre las cenizas podrá dar más respuestas a un incendio que dejó demasiadas preguntas.