En el inicio de una nueva ronda en los diálogos de paz con el gobierno colombiano, las FARC consideraron que el proyecto de ley que inhabilitaría para ejercer la función pública a guerrilleros desmovilizados es una "ficción jurídica". Uno de los líderes de la organización, conocido como Iván Márquez, aseguró que "el marco jurídico para la paz" presentado por el gobierno y avalado la semana pasada por la Corte Constitucional contiene "enmarañados mecanismos" para castigar "exclusivamente a la insurgencia". "Se está extendiendo sigilosamente una telaraña jurídica que pretende al final entrampar a insurgentes sin experiencia", aseguró el referente guerrillero poco antes de que se reanudara el diálogo con el gobierno en La Habana tras más de dos meses de pausa. El proceso de paz, iniciado en 2012, atraviesa ahora su cuarto tema en la agenda de negociación, referido a las víctimas del conflicto. En diálogo con la prensa, las FARC criticaron el marco jurídico impuesto por el gobierno y apoyado por la Corte Constitucional, que en un fallo reciente impidió la participación en política de insurgentes que hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad o genocidio. Desde la organización pidieron que las leyes que determinen su futuro político sean acordadas en el marco del proceso de paz que se celebra en Cuba y no por fuera de él. "Para los efectos de lo que se construye en La Habana, el marco jurídico para la paz no existe porque no ha sido consensuado", sostuvo Márquez, segundo en la jerarquía de las FARC. El guerrillero, cuyo nombre verdadero es Luciano Marín, consideró el proyecto del gobierno avalado por el máximo tribunal judicial como una "iniciativa unilateral" que "atropella la buena marcha de los diálogos". A diferencia de las FARC, los representantes del gobierno de Juan Manuel Santos prefirieron no hacer declaraciones a la prensa sobre el tema. Desde los inicios del diálogo de paz, las FARC rechazan que sus líderes sean juzgados por lo ocurrido durante el largo conflicto colombiano, que dejó más de 220 mil muertos en más de 50 años. "Ningún proceso de paz en el mundo terminó con cárcel para sus protagonistas", aseguró en abril uno de los voceros guerrilleros. El gobierno de Santos, por su parte, rechazó en varias ocasiones brindar una amnistía general para los miembros de la organización guerrillera en caso de alcanzar finalmente un acuerdo de paz. Para que eso ocurra, las partes deberán llegar primero a un acuerdo sobre el punto que comenzaron a discutir ayer. Por lo pronto, ya hubo entendimientos en tres de los cinco temas en discusión: tierras y desarrollo rural, participación política y drogas, y cultivos ilícitos. El próximo sábado estará en La Habana un grupo de 12 víctimas, que hablará directamente sobre sus vivencias ante la mesa de diálogo. Ambas partes acordaron recibir hasta 60 víctimas en audiencias durante los próximos meses. "Este asunto es muy importante porque él nos va a entregar las claves para desbrozar el camino hacia la reconciliación de la familia colombiana. Hay que dejar atrás los sentimientos de odio y de venganza si queremos tener patria en paz ", dijo Márquez al respecto. « Atentados atribuidos a ELN Al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en atentados cometidos ayer en el departamento de Arauca, al este de Colombia, que las autoridades atribuyeron al grupo guerrillero Ejército para la Liberación Nacional (ELN). En uno de los ataques murió el secretario de Desarrollo Social de Saravena, Pedro Antonio Bohórquez, y el asesor de un concejal del mismo municipio. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, sindicó como autor de los ataques al ELN, al afirmar que esa organización guerrillera había amenazado de muerte a Bohórquez y que incluso hace tres semanas cometió un atentado en su contra. Castillo aseguró además que el estallido de una bomba en una ruta del municipio de Fortul provocó heridas leves en cuatro militares. "Ya es hora de que le demos un alto al camino en esta situación", sentenció el mandatario regional. La policía colombiana lamentó los atentados, en particular el asesinato de Bohórquez, y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 25 mil dólares) por información que permita ubicar a los responsables del crimen.