Dos días después de haber denunciado tratos inhumanos de parte de los guardias penitenciarios, que incluyen vejámenes a las guerrilleras presas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le propusieron ayer al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que proceda a excarcelar a los dirigentes sociales y otros militantes que padezcan problemas de salud. “Esa sería una nueva medida de construcción de confianza para la paz”, señaló la organización desde La Habana, sede del diálogo que ambas partes desarrollan con miras a la firma de una paz definitiva.

El viernes, las FARC habían pedido el inmediato realojamiento de los guerrilleros encarcelados, como forma de terminar con los atropellos de los guardias penitenciarios. “Se hace necesario, como medida inmediata que ponga fin a estas arbitrariedades, la reubicación de todos los prisioneros (...) en cárceles y patios separados de los demás reclusos”, señaló el grupo rebelde. En el marco de esa “construcción de confianza”, el gobierno había ofrecido semanas atrás el indulto de 30 guerrilleros y las FARC enviaron a dos de sus comandantes a un área selvática, donde pidieron perdón a sus pobladores por los daños causados durante un enfrentamiento con comandos paramilitares.

Las FARC justificaron su reclamo del viernes ante las “agresiones” que enfrentan miembros de la guerrilla en prisión, y señalaron que esos abusos están en “flagrante oposición” al proceso de paz que negocian con el gobierno para ponerle fin a más de medio siglo de lucha armada. “Las prisioneras –según las FARC son las mujeres las más afectadas por los malos tratos– son obligadas a desnudarse para ser requisadas, hasta lastimarles sus zonas genitales cada vez que a la guardia (...) se le antoja” o, en el caso de los hombres, son extorsionados o abusados en las cárceles por “bandas de presos conformadas, entre otros, por paramilitares”.

Según las FARC, la situación más grave se registra en las cárceles de mujeres del Buen Pastor y La Picota, ambas situadas en Bogotá. En una tibia respuesta, la dirección del servicio carcelario prometió hacer una investigación interna, pero insistió en que sus funcionarios actúan bajo protocolos que no permiten desnudar a las prisioneras. “Nos parece muy extraña la denuncia, somos los primeros interesados en que se aclare esta situación”, dijo una fuente citada por la revista Semana.

Las FARC, que tienen en prisión a unos 1200 combatientes, advirtieron sobre el riesgo de “un desenlace indeseado” por cuenta de los enfrentamientos en las cárceles, y pidieron a la Cruz Roja y a las agencias humanitarias de la ONU que se pronuncien sobre esta problemática. “El Estado colombiano y el gobierno del presidente Santos no pueden seguir soslayando sus responsabilidades frente al cumplimiento de sus compromisos internacionales con los derechos humanos”, señaló ex texto divulgado por la organización rebelde en la capital cubana.

Pese a la falta de una respuesta categórica del gobierno, las FARC les propusieron ayer a las autoridades que, en un gesto de distensión, excarcelen a los guerrilleros y a los dirigentes sociales que padezcan problemas graves de salud. “En esta fase decisiva del proceso de paz ponemos a consideración del gobierno una nueva medida de construcción de confianza, un paso adicional de desescalamiento (del conflicto), con un claro contenido humanitario”, señalaron los rebeldes en una declaración leída ante la prensa por Iván Márquez, presidente de la delegación negociadora en La Habana.

Según las FARC, la posibilidad de este tipo de excarcelaciones está “claramente amparada”  por la legislación colombiana. “Sigamos fortaleciendo la confianza para alcanzar pronto nuestra reconciliación”, insistió la delegación de paz de los rebeldes. El miércoles, los negociadores de las partes reiniciaron en La Habana, sede permanente de los diálogos de paz desde  noviembre de 2012, la fase final del proceso, donde el único tema de la agenda que queda por cerrar es el relativo al fin del conflicto. 

Comenzó la búsqueda de los restos de Camilo Torres 

El gobierno colombiano autorizó la búsqueda de los restos del sacerdote Camilo Torres, uno de los fundadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda organización guerrillera del país. El presidente Juan Manuel Santos hizo la revelación el sábado, durante una visita al municipio norteño de San Vicente de Chucurí (Santander), donde el 15 de febrero de 1966 cayó abatido el cura guerrillero, en un enfrentamiento con tropas del Ejército.

La entrega de los restos había sido pedida la semana anterior por el ELN, con el objeto de brindarles, “en nombre de su dignidad, la debida sepultura”. El cadáver del sacerdote fue sepultado en un lugar secreto y, tres años después de su muerte, habrían sido trasladados a Bucaramanga, la capital de Santander, y depositados en algún sitio del panteón de la Quinta Brigada del Ejército. Torres, nacido el 3 de febrero de 1929 en Bogotá y ordenado sacerdote en 1954, fue uno de los impulsores de la Teología de la Liberación y cofundador de la primera facultad de sociología del país.