Mientras en Venezuela se encontraban los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, pobladores de la convulsionada región pidieron protección al gobierno bolivariano ante el temor de una represión desde Bogotá.
El centro de la protesta campesina está en Tibú, una población de 40 mil almas donde 6000 personas bloquearon las rutas, lo que derivó en desabastecimiento alimenticio. Los pobladores piden que se detenga la destrucción de sus cultivos de coca –producción tradicional de la región– hasta que se les ofrezca una actividad sustitutiva. Además, reclaman que se declaren las 346 mil hectáreas del Catatumbo como "zona de reserva", lo que obligaría al gobierno a entregarles subsidios para iniciar nuevas explotaciones agrícolas.
Ayer, a horas de que se encontraran los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) dio a conocer una dramática carta en la que solicitó refugio en territorio venezolano "ante la eventualidad de una operación militar contra el justo reclamo". La nota agregó que "las últimas declaraciones de Santos nos hacen prever que nuestra protesta será duramente reprimida en las próximas horas, situación que dejaría vulnerables a miles de mujeres, ancianos, enfermos y niños que participan de la movilización."
En efecto, con un lenguaje desconocido hasta ahora, el presidente colombiano advirtió que no tolerará más bloqueos de vías de los manifestantes "ni en el Catatumbo ni en ninguna otra parte del país". En su discurso de inauguración de las sesiones del Congreso y al término de una reunión del Consejo de Seguridad, Santos insistió: "No me importa que se levanten ampollas. Nuestra obligación es proteger la vida y la movilidad de los colombianos, por encima de cualquier otra cosa."
La semana pasada la represión se cobró la vida de cuatro campesinos y dejó decenas de heridos. La oficina colombiana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desarrolló una investigación que concluyó en que los pobladores fueron asesinados con armas automáticas "de las empleadas usualmente por las fuerzas de seguridad". El Ministerio de Defensa admitió que tres de los cuatro caídos habían muerto por disparos "de efectivos de la fuerza pública".
En su mensaje a los campesinos, las FARC recordaron que están negociando con el gobierno en "un proceso encaminado a pactar la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", pero aclararon que "mientras el pueblo siga siendo violentado, ese acuerdo será imposible". Luego negaron haber infiltrado el movimiento de Catatumbo. "Es Colombia entera –dijeron– la que se halla infiltrada por la corrupción, por la concepción violenta que ordena enfrentar al pueblo con soldados y policías puestos al servicio del capital transnacional”. «
Ap y Efe
Claves de un conflicto que crece
La movilización del Catatumbo comenzó el 11 de junio, con la demanda del fin de la destrucción de los cultivos de coca y el reclamo de que se declare la región como "zona de reserva campesina".
Desde entonces hubo dos rondas de diálogo con el gobierno, pero fracasaron por la exigencia de que los campesinos se desmovilicen.
El 26 de junio la represión conjunta de tropas policiales y militares se cerró con la muerte de cuatro campesinos. Una investigación de la ONU determinó que cayeron por los disparos hechos por las fuerzas de seguridad. El 18 de julio se registraron otras dos muertes.
El presidente advirtió el 20 de julio, y reiteró el domingo, que no tolerará los bloqueos de rutas ni en el Catatumbo ni en ninguna otra parte del país, sin importarle las consecuencias.
Ayer trascendió que el 19 de julio las FARC les ofrecieron respaldo armado a los campesinos del Catatumbo "hasta que logren la victoria". Ni en el gobierno ni en la guerrilla se habla de suspender la mesa de diálogo.


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