El 8 de febrero, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que incluye en su jurisdicción a La Pampa, emitió una resolución acerca de las indagatorias a los ex propietarios de cabarés que fueron denegadas. La nueva instancia se resolvió en apoyo al pedido del fiscal federal Juan José Baric.

Según consta en el expediente 67718, para la Justicia la investigación aún no ha llegado a su fin. Y los jueces de cámara Angel Alberto Argañaraz y Néstor Luis Montezanti resolvieron a favor del fiscal federal, quien solicitó la apelación.

Nueve personas no fueron indagadas en el caso que llevó adelante el juez federal, Pedro Zabala. Se trata de Walter Marcelo Rusz, Lucila Josefa Míguez, Carlos Fabián Blanco, Claudia Gabriela Córdoba, Emiliano Caselli, Bryan Arnaldo Paradis Carballo, Sergio Iván Brites, Sergio Norberto Brites y Modesto Antonio Borrell. Estos eran dueños y administradores de los diferentes locales nocturnos que fueron cerrados en esta ciudad: Playboy, Kabuki, Oasis y Trocca Pravocce.

Algunos de los propietarios insistieron en el cabaré como una salida laboral válida, e incluso enviaron cartas al Concejo Deliberante. Otros cambiaron de habilitación comercial pero siguen funcionando como bares en la noche piquense.

Más cuestionamientos.

Acerca de las entrevistas, utilizadas como medidas probatorias, quedó manifiesto en la resolución que de las 59 mujeres que eran alternadoras allí, y posibles víctimas, sólo seis fueron contactadas. Según el expediente, "no hay constancia en la causa que se haya llevado a cabo diligencia alguna para dar con el paradero de estas mujeres".

Los argumentos para sentencia de la cámara de Bahía Blanca hacen referencia a que "hay indicios de la situación de vulnerabilidad que podrían padecer las mujeres que se desempeñaban como alternadoras en los locales investigados (cuyos nombres constan en las actas de inspección labradas por personal policial y en las nóminas de las personas que trabajaron en dichos locales), que surge del posible desarraigo consecuente ya sea de la condición de migrantes de muchas de ellas o de su procedencia de provincias lejanas". Otras de las razones esgrimidas indican la necesidad de esas mujeres que tienen hijos a cargo o están en la pobreza.

Siguen los controles.

Desde la delegación local de la Policía Federal, el principal Luis Aggio afirmó que en General Pico se realizan los controles habituales a su competencia. En esas acciones está la prevención por contrabando, drogas, ley de marcas y trata de personas. Sin embargo, sobre este último punto explicó que mientras haya una investigación en proceso no será posible difundir datos precisos al respecto.

Por otra parte, el cumplimiento de la normativa municipal acerca de comprobar que los locales comerciales funcionen para la actividad correspondiente a su habilitación sigue siendo una tarea de la comuna.

Durante mayo de 2012 el Concejo Deliberante de General Pico trabajó para mejorar la regulación de los locales nocturnos. Esa iniciativa tuvo como objetivo evitar que las calificaciones de café concert o pub y de night club pudieran ser usadas con fines de explotación sexual.

El 5 de julio, el municipio piquense recibió una orden de la Justicia Federal que ordenaba la "clausura inmediata" de los últimos dos cabarés que estaban funcionando en la ciudad. La medida fue adoptada de inmediato por la comuna.