La toma de terrenos públicos y fiscales ocurre con frecuencia en la ciudad de Salta, aunque el interior no se queda exento. Es que más allá de las especulaciones sobre el accionar organizado de dirigentes barriales en complicidad con dirigentes de distintas agrupaciones políticas, el fenómeno de la usurpación saca a relucir el serio problema que afecta a miles de familias salteñas que no pueden acceder a una vivienda.

La ocupación ilegítima de tierras que se vivió el viernes en la ciudad no pudo ser ocultada ni por el Dakar. Fue sorprendente: 300 familias llegaron de manera simultánea al terreno fiscal de 39,6 hectáreas que el Ejecutivo provincial expropió a la familia Burgos a fines de 2012. Con enojo y bronca, mostraban constancia de los expedientes que habían iniciado hace años atrás e incluso desde 2001 y aún no obtuvieron respuesta.

A los inscriptos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hay que añadirle los que están esperando solo un lote en la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Los primeros llegan a 23.000 familias, en tanto que los segundos, a los 10.000 grupos familiares. Las cifras se vuelven poco alentadoras si es que se considera el interior. En el departamento de Orán, el déficit se aproxima a las 10.400 viviendas necesarias, mientras que General San Martín, se ubica arriba con unas pocas solicitudes de diferencia.

Allí no se acaba el problema porque hay que considerar que, si bien son miles las familias que no tienen casa propia, hay otras miles también que habitan en condiciones poco dignas. En toda la provincia de Salta, hay 14.806 ranchos y 34.845 hogares con piso de tierra. Falta: las que están en condiciones de “irrecuperabilidad” ascienden a 42.038.

El déficit habitacional en Salta se explica mejor si se adelanta que hay casi 200.000 personas que no logran cubrir la Canasta Básica Total y es por ello que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Según el último censo 2010, la pobreza estructural golpeaba a 284.000 personas.

Usurpaciones

Retomando la problemática de las usurpaciones, la que ocurrió el viernes -y que ayer al cierre de esta edición continuaba vigente- es la primera en 2014. La cantidad de familias que delimitaron sus parcelas a contramano de la advertencia de los efectivos policiales que estaban en el lugar, repudiaron la falta de presencia de los funcionarios del Ejecutivo provincial para llevar tranquilidad al lugar. Es que, muchos de ellos, incluido el gobernador Juan Manuel Urtubey, se encontraban en el Centro de Convenciones de la ciudad, en el evento del Dakar. Varios okupas sostuvieron que les advirtieron sobre la inevitabilidad del desalojo.

“No tenemos nada que ver”

“No tenemos nada que ver con la toma del terreno en Parque La Vega”, dijo a El Tribuno, el presidente del bloque del Partido Obrero en el Concejo Deliberante, Arturo Borelli.

El dirigente adelantó que presentarán un proyecto para que el 40% del suelo urbano baldío se destine a la construcción de viviendas de la mano del Ejecutivo provincial.

La iniciativa del PO no solo abarca baldíos sino también predios de más de 10 hectáreas.

“Hay como 500 hectáreas de la ciudad que están desocupadas, sobre todo en la zona sur, y allí queremos que se construyan viviendas”, agregó el concejal Borelli.