La legisladora reseñó que hace pocos días la Cámara de Apelaciones de lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico falló a favor de un trabajador que durante siete años se desempeñó como portero en la Escuela 13 “Bartolomé Mitre” de Colonia Barón. Como casi 400 porteros de toda la geografía provincial, cobraba en negro, con un subsidio de la provincia a través del municipio.

“Hace años que venimos advirtiendo de este estado de cosas, y solicitando se regularice la situación de todos estos trabajadores, sin obtener respuesta del Gobierno Provincial. Ante esta inacción y falta de voluntad para resolver la problemática de esos trabajadores, presentamos hace más de dos años una iniciativa concreta (expte. 319/2008 begin_of_the_skype_highlighting 319/2008 end_of_the_skype_highlighting) para crear 350 vacantes de porteros, en el escalafón de la Ley 643. Ese proyecto de Ley, a más de dos años de su presentación, aún no ha sido tratado por la mayoría justicialista de la Cámara de Diputados de La Pampa”, reprochó la diputada.

Hizo referencia a una posible “catarata de juicios” desencadenados por este fallo: “Juicios que no pagarán de sus bolsillos los funcionarios inoperantes, sino que se pagarán con el dinero nuestro, el de todos los pampeanos”.

“No pueden decir que no fueron advertidos, no pueden decir que no tuvieron el acompañamiento de la oposición para ensayar una solución, no pueden decir que no tuvieron tiempo de evaluarlo (el problema viene desde el período anterior). ¿Qué van a decir? Es otro coletazo final más de un gobierno que no sólo no resuelve los problemas sino que además los agrava y crea problemas nuevos”.

“Un gobierno en el cual -reflexionó- la justicia social no es ni siquiera una declamación. Olvidaron por completo las prioridades. Están dispuestos a gastar $50 millones en un autódromo en Santa Rosa, llevan gastados otros $60 millones en un megaestadio que nunca se termina, siguen favoreciendo a empresas que reiteradas veces han incumplido sus contratos, es decir, el criterio es cuidar los intereses de ‘empresarios amigos’, y postergar indefinidamente los derechos de los trabajadores”.

“Lamentablemente -redondeó Josefina Díaz- los porteros no son los únicos en estas condiciones: los choferes de ambulancias también son víctimas de esta modalidad laboral establecida desde el Estado Provincial. También advertimos y reclamamos por sus derechos en reiteradas oportunidades, sin lograr que los responsables del área aborden esta situación. ¿La justicia social? Bien, gracias, cajoneada hasta la próxima elección”.