La falta de garrafas sociales, demuestra que no se cumple la ley

La falta de garrafas sociales, demuestra que no se cumple la ley
Ley 26.020 y la resolución 37/2014, dictaminan precios de referencia a todas las garrafas de uso domiciliario que van desde las de 10 a 45 kilos, pero en Salta aveces solo se consigue la de 10. La de 15 tiene un precio fijado de $25, pero aquí no se distribuyen y el tubo de 45 ni siquiera tiene un precio de referencia en la resolución antes nombrada. La reglamentación también exige el abastecimiento total de los ciudadanos, punto que tampoco se está respetando.
En casi todos los barrios de la ciudad el panorama con respecto a la garrafa solidaria es similar: largas colas y mucha gente volviendo al hogar con las manos vacías.

Los vecinos de Salta no pueden acceder a una garrafa solidaria porque no se está cumpliendo con el cupo estipulado por la Secretaría de Energía de la Nación y se reparten menos envases por día de los que se deberían.

El problema de la escasez deriva de varias causas. La primera, y la más importante, es que el 30 de abril vence el convenio firmado entre la Secretaría de Energía de la Nación y las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidora de gas licuado de petróleo (GLP). Las últimas piden una suba en los subsidios y aumento del precio de la garrafa. El Gobierno nacional analiza elevar el valor de la de 10 kilos a $50, el triple del precio actual.

Ante este escenario, las empresas están enviando GLP por debajo del cupo que le corresponde a cada provincia, especulando con este posible aumento; por otro lado, la falta de gas es una manera de presionar al Gobierno a mejorar las condiciones de comercialización.

El segundo motivo de la escasez es que en Salta solo hay 3 empresas distribuidoras: YPF, Shell, TotalGas, y una fraccionadora de GLP, Rho, pero en total son 9 las autorizadas para operar en la provincia; de ellas, 5 no están cumpliendo con el contrato.

Otro motivo que propicia la falta de garrafa solidaria es que las empresas prefieren venderla al precio comercial antes que al solidario (una garrafa de 10 kilos puede conseguirse en el mercado a $80). Esto está permitido por la ley 26.020, que regula el abastecimiento, el precio de referencia y la distribución del GLP. La misma dice que la garrafa a precio subsidiado puede venderse solo en las bocas de expendio autorizadas y no en el sistema de reparto a domicilio (ésta no recibe la compensación, pero sigue siendo conveniente).

La garrafa comercial es tres o cuatro veces más cara que la social.

La situación de escasez, sumada a la diferencia de precios, genera preocupación entre los vecinos, lo que ha derivado en inconvenientes y disturbios en distintos barrio de la ciudad.

En Solís Pizarro y barrio Mosconi la gente pasa la noche en vela para acceder al gas y en las bocas de expendio reparten números entre los que se quedaron fuera, para darles prioridad al día siguiente.

Lo cierto es que hay personas que hace semanas no pueden acceder a una garrafa.

Los cupos

En la ley vigente no está establecida la manera de estipular el cupo en tonelada de gas que le corresponde a cada provincia. Esto se presta a que sea repartido discrecionalmente y según intereses políticos.

En Salta la provisión siempre fue insuficiente. En 2009 eran 12 mil toneladas las que se destinaban, cantidad que fue aumentando con los años, y en 2013 se repartieron 14.300 toneladas. En enero y febrero de este año se repartieron 197 mil kilos, cuando en 2013, en el mismo período, fueron 233 mil. Esta diferencia se ve reflejada en las colas de los vecinos que buscan poder comprar una garrafa.

Ante esta situación los vecinos de los diferentes barrios acuden a sistemas alternativos, caros y peligrosos para poder cocinar. La leña y el carbón son los más usados, generando gastos extras, ya que cada bolsa está costando $8 pesos y se utiliza al menos una por comida. Además del peligro que implica la manipulación del fuego, pudiendo ocasionar quemaduras, o hasta incendios.

Incumplimientos a la ley

Son muchos los puntos que se están incumpliendo de la ley 26.020 y la resolución 37/2014. Las normativas dictaminan precios de referencia a todas las garrafas de uso domiciliario que van desde las de 10 a 45 kilos, pero en Salta solo se consigue la de 10. La de 15 tiene un precio fijado de $25, pero aquí no se distribuyen y el tubo de 45 ni siquiera tiene un precio de referencia en la resolución antes nombrada. La reglamentación también exige el abastecimiento total de los ciudadanos, punto que tampoco se está respetando.

Son varias las provincias que atraviesan este problema: Salta, Jujuy, San Juan, La Rioja, Misiones, Chaco, Corrientes y Catamarca. Según la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, se realizaron peticiones en conjunto ante la Secretaría de Energía de la Nación, pidiendo el cumplimento del cupo que le corresponde a cada una y las sanciones a las empresas que han suspendido la comercialización.

Tras la delicada situación que atraviesa la provincia, se consiguió que YPF envíe 70 toneladas más de GLP, pero de igual manera sigue habiendo gente sin poder comprarlo.

Desde Defensa del Consumidor señalaron que luego de realizar los pedidos, la Secretaría de Energía mandó un comunicado diciendo que “los productores están obligados a cubrir el cupo correspondiente a abril del año 2013, con la posibilidad de pedir el 20% más del cupo de mayo. Los fraccionadores y distribuidores están obligados a comercializar la garrafa y abastecer a la población”, repitió Santiago Godoy, subsecretario de Defensa del Consumidor.

De lo que nadie habla es si se aplicarán las sanciones correspondientes por los incumplimientos que se produjeron hasta ahora y tampoco explican qué pasará en caso de que los productores, distribuidores y fraccionadores no cumplan con este último comunicado. En cuanto a las sanciones, la ley señala que se pueden realizar apercibimiento, multa, inhabilitaciones, clausuras o decomisos a quienes no respeten el convenio.

Un programa desactualizado

El programa Garrafa para Todos o Social comenzó a funcionar en octubre de 2008, con el fin de subsidiar el gas envasado, único servicio que no estaba subsidiado y del cual se valen, en mayor medida, los sectores más pobres. Para ello se fijó un precio de referencia para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos, las cuales costaban en 2008 y hasta la fecha $16, $20 y $25, respectivamente. Si bien la de 45 kilos también figura en la ley 26.020, esta nunca tuvo precio de referencia. En el inicio del programa la garrafa de 10 kilos costaba alrededor de 5 dólares, hoy cuesta solo 2.

La otra cara de la moneda son las compensaciones para las empresas, quienes también parecen haberse quedado en el tiempo. Reciben unos 560 pesos por tonelada, porque le venden el producto a $90,50 al fraccionador y el Estado aporta una compensación de $470. Sin embargo, obtienen por el mismo producto que se vende en el mercado interno, pero por fuera de la Garrafa para Todos, un máximo de $3.200. De manera que resignan más de $2.600 por tonelada cada vez que destinan su producto al programa oficial.

En sus inicios, el mercado de la Garrafa Social se llevaba unas 478.000 toneladas al año. Hoy, ese número trepó a las casi 700.000. De manera que, en términos gruesos, el Estado aporta $ 329 millones en compensaciones a las empresas.

El 30 de abril se vence el convenio firmado entre las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras y la Secretaría de Energía de la Nación. Ambas partes se encuentran negociando los valores de venta y las compensaciones que recibirán.

En el Gobierno las aguas están divididas; por un lado está Axel Kicillof, ministro de Economía, quien plantea llevar el precio de la garrafa de 10 kilos a $50 pesos (6,25 dólares) para asumir una parte de la devaluación y también intentar establecer mecanismos para que las garrafas lleguen a los sectores de menores recursos. Por el otro está Julio De Vido, ministro de Planificación, quien no quiere hacer cambios.

En barrio Mosconi los vecinos esperaron el camión de la garrafa social desde la cero hora. Este debería haber llegado a las 8 de la mañana, sin embargo, llegó a las 13. Los vecinos estuvieron 13 horas esperando.

Solo 70 garrafas de 10 kilos fue lo que repartieron los empleados de la empresa de gas.

Eran más de 100 las personas que estaban en la fila, por lo que muchos tuvieron que irse a sus casas con las manos vacías después de haber pasado la noche en vela, en la calle.

Cada garrafa dura alrededor de 15 a 20 días, usándola solo para cocinar.

Este escenario se repite en casi todos los barrios por donde pasa el camión repartidor.

Existen hogares de Salta que hace más de tres semanas no tienen gas.

Las madres utilizan otros recursos disponibles para cocinarles a los hijos. Muchas de las familias son

numerosas, lo que complica más aún la tarea. Lo más común es que se cocine con leña o carbón. Esto termina siendo mucho más caro, ya que cada bolsa cuesta $8 y significa un peligro para los integrantes de la familia y la vivienda. Un mal manejo del fuego puede generar un incendio de la casa o la quemadura de alguno de los miembros de la familia.

El problema radica en que esta es la única alternativa que les queda para cocinar. Tampoco se consigue la garrafa en el mercado a precio comercial.

La garrafa solidaria o social cuesta $16 desde el año 2008 y su precio no ha sufrido modificación desde entonces.

Este valor traducido en dólares pasó de 5, en sus inicios, a costar hoy solo 2 dólares. Los empresarios piden un incremento en el valor subsidiado ya que el comercial es de $80. La Secretaría de Energía de la Nación está negociando esto y el valor de compensación que reciben por cada garrafa. Mientras tanto,

los que pagan las consecuencia son las familias que no consiguen gas para cocinar. Otro problema es que ya comenzaron los primeros fríos.

$50

Es el nuevo precio que maneja en Ministerio de Economía Nacional para la garrafa de 10 kilos; tres veces más que su valor actual. Por el contrario, el Ministerio de Planificación Federal tiene la intención de que no haya modificaciones en el programa de Garrafa para Todos o Social.

La falta de garrafas genera disturbios en los diferentes barrios de la ciudad, donde tiene que intervenir la policía para calmar los ánimos. La entrega de números entre los vecinos fue una iniciativa para intentar traer orden, pero también es un tema que propicia la discusión. En algunos casos quienes los entregan son los mismos empleados de las empresas distribuidoras de gas, pero en otros son los vecinos los que de manera arbitraria toman esa función. En barrio Solís Pizarro esto generó problemas, ya que aseguran que la entrega debe hacerse por orden de llegada y por eso deciden pasar la noche en vela para conseguir una garrafa.

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