A pesar de las distintas estrategias que se promovieron en 2012 en la sociedad para que esté alerta ante los posibles casos de trata de personas, la problemática sigue formando parte de ella debido a la falta de compromiso social. La afirmación fue hecha por la defensora de los Vecinos, Griselda Méndez Lizarro, a EL LIBERTADOR, ya que si bien existe un conocimiento público sobre distintos prostíbulos clandestinos, en la ciudad siguen funcionando.

Mediante denuncias de otra índole hechas ante el ente defensor se descubrió el funcionamiento irregular de casas particulares, por lo que desde la Defensoría, junto a otros organismos, determinaron que Corrientes ya no era un lugar de paso, sino un lugar en el que las redes de trata se estaban instalando.

Pese al descubrimiento hecho hace tiempo atrás, la realidad no cambió debido a la "falta de compromiso de la ciudadanía", aseguró Méndez Lizarro. En este sentido, explicó que "más allá de que en los barrios se sepa de algunos lugares como éstos, los vecinos no se animan a hacer la denuncia formal, lo que impide que haya un avance para actuar sobre el problema".

La Defensora también manifestó que existen "déficits en los diferentes organismos estatales, ya sean municipales o provinciales, para atacar el tráfico de personas". Sin embargo, destacó que "si hubiera una conciencia social, y los capitalinos formalizaran las denuncias, se recolectaría material para estructurar diferentes mecanismos para combatir el problema".

De forma anónima y sin dejarlas legalizadas, más de un habitante se acercó a la Defensoría para dar a conocer sus reclamos. La titular del área comentó que si bien reconocieron que tienen conocimiento de que algunas propiedades en los barrios funcionan como prostíbulos, "por temor o porque suponen que no será útil no legalizan las quejas", indicó.

En 2012 se desarrollaron jornadas sobre la temática organizadas por diversas entidades, pero no fueron suficientes "para concientizar a la población", determinó la Defensora. "Las asociaciones sociales no trabajaron con el ciudadano de forma directa, lo que impidió que se concrete una real dimensión social sobre el problema", agregó.

La falta de información fehaciente, así como la confusión de conceptos entre trata y prostitución, "son otros factores que impiden a que se genere una responsabilidad para denunciar hechos relacionados con el problema", destacó Méndez Lizarro. En este sentido, recordó que el año pasado "se instaló el tema, pero sólo mientras formó parte de la agenda de los medios, por lo que al desaparecer la sociedad también lo dejó de lado".

AUTORIDADES EN FALTA

El funcionamiento de prostíbulos clandestinos en distintos barrios de la Capital, "ya sean céntricos o periféricos, como lo demuestran los datos de las ubicaciones", como explicó la Defensora de los Vecinos, no sólo persiste por falta de compromiso ciudadano. Para la funcionaria, también hay una falta de articulación entre los distintos organismos del Estado provincial y municipal.

"Hay una falta de controles sobre algunos sitios que permite que sigan funcionando", indicó Méndez Lizarro. "Y si se realiza alguna inspección, posteriormente cambian el nombre o dejan de atender hacia la calle", agregó.

Debido a que desde el ente que dirige "se carece de poder coercitivo, se recurrió al subsecretario de Seguridad de la Provincia, Guillermo Wayler, para apostar mayor presencia policial en zonas marcadas", señaló la Defensora. Sin embargo, más allá de que la petición fue atendida, la falta de seguimiento que existe en la actualidad "no permite que se profundice en las herramientas para combatir la trata de personas", concluyó la fuente consultada.

Sin seguimiento

La Ordenanza que prohíbe el funcionamiento de whiskerías está en vigencia hace siete meses en la Capital. La defensora de los Vecinos, Griselda Méndez Lizarro, aseguró que se cumple la norma, pero que el problema radica en que "no hay lugares de contención para las chicas que trabajan allí".

En un primer momento, cuando el proyecto de la norma fue analizado, se propuso crear centros para asistir a las trabajadoras sexuales. "La falta de seguimiento de la problemática impidió que se habiliten algunos sitios, por lo que es otro asunto por resolver para que se tome conciencia sobre el tema", agregó la funcionaria. En este sentido, indicó que pese a las campañas de información, "la sociedad no distingue entre los conceptos de prostitución y de tratas de personas".