La acción fue presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores contra el Estado nacional, y resuelta por el juez en lo contenciosos administrativo, Guillermo Rossi, que curiosamente es el mismo que ordenó en octubre al Ministerio de Planificación y al Enargas aplicar el aumento de tarifas autorizado a Transportadora de Gas del Sur (TGS) por un decreto de 2008 del Poder Ejecutivo todavía no efectivizado. Tanto el Gobierno como Edenor anticiparon ayer que apelarán el fallo de Rossi y solicitarán al juez que suspenda la aplicación de la medida mientras la cuestión se resuelve en segunda instancia. El fundamento será que en caso de que la decisión final de la Justicia valide el retroactivo, sería muy engorroso cobrarlo nuevamente. Por otra parte, el fallo de Rossi no contempla si la devolución debe hacerse en cuotas o en un solo pago, lo que aumenta la confusión, sobre todo porque todavía hay varias cobros pendientes.

Otras decisiones judiciales complican ya desde hace tiempo la situación tarifaria de gas y luz. La Justicia en primera y segunda instancia suspendió el aumento en el precio mayorista de la electricidad que rige desde noviembre de 2008. No ordenó suspender el cobro, pero permitió a los usuarios pedir la refacturación con el cuadro tarifario anterior para pagar el servicio. Sin embargo, la Justicia sólo emitió medidas cautelares y no hay decisión sobre el fondo, esto es si el nuevo precio mayorista es legítimo o no. La demora ya va a cumplir dos años si se considera que el juicio fue iniciado en enero de 2009 por el ex defensor del pueblo, Eduardo Mondino.

En el presunto caso de que finalmente la Justicia decida la ilegitimidad de la suba en el valor mayorista de la energía, el Estado nacional se vería obligado a devolver el dinero porque lo recaudado se utiliza para pagar a las generadoras el costo de producir electricidad con combustible líquido, en mayor parte importado. A su vez las distribuidoras tendrían que recalcular tarifas desde noviembre de 2008, incluidas las penalizaciones cobradas a los usuarios por consumir más que en 2003, ya que el castigo se calcula por el valor mayorista del kilovatio.

Con las tarifas de gas. El usuario puede pedir la refacturación sin el cargo tarifario destinado a que el Estado pague importaciones del fluido. En este caso, en algunas jurisdicciones del interior hay definiciones sobre el fondo, declarando la ilegitimidad, pero la Corte Suprema aun no definió si decidirá el tema.