Agencia Santa Rosa – La jueza Adriana Pascual, falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado contra el Poder Ejecutivo Provincial, en la causa de ‘Amparo por mora’ correspondiente al pedido del gremio por la terna del directorio del Instituto de Seguridad Social, según informó ayer la entidad.

EL pasado 4 de julio de 2014, Ricardo Araujo en su carácter de Secretario General del gremio, presentó una nota formal dirigida al gobernador mediante la cual se ponía en conocimiento de la terna de los trabajadores a efectos de la integración y designación del Vocal del ISS de la provincia, en representación del personal de la Administración Pública provincial y Comunal. Desde el Ejecutivo no se tuvo respuesta. Tampoco cuando esta misma nota se volvió a presentar el 21 de noviembre del año pasado, se indicó.

Ante esta falta de respuesta ATE le inició una demanda por mora al Ejecutivo basándose en el artículo 95 de la ley 951 donde cita que “el que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre de pronto despacho (?) siempre que la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados sin emitir un dictamen o la resolución de mero trámite”.

En las acciones de amparo por mora, el propósito perseguido no puede ser otro que la obtención de una orden judicial de pronto despacho de actuaciones administrativas para que se dicte la resolución que corresponda.

La jueza Pascual encontró que el Ejecutivo Provincial “ha hecho caso omiso a la petición del gremio, quien en tiempo y forma cumplió con la entrega de notas y peticiones, ignorando los pasos administrativos correspondientes al pedido de ATE y resolviendo unilateralmente la terna para integrar la Vocalía del Directorio del ISS en representación de los trabajadores del estado”.

En su fallo decreta la Mora de la Administración en expedirse, ordenar al Poder Ejecutivo Provincial que despache las actuaciones respectivas en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento e imponer las costas y regular los honorarios del juicio al Estado Provincial por entender que “con su demora, el Estado, torna necesaria la promoción de la acción judicial y debe responder por los gastos causados”.