La causa por la denominadas facturas truchas, que se instruye en nuestra ciudad contra Juan Ignacio Suris, clave para avanzar hacia el entramado delictivo que habría montado Lázaro Báez en la Patagonia y que investiga el juez Sebastián Casanello, tuvo un freno imprevisto en las últimas horas, cuando estaba a punto de ser sometida a juicio, y ahora no hay certeza sobre su futuro y, en consecuencia, tampoco acerca de la investigación contra el empresario kirchnerista, porque para acreditar el lavado de dinero se necesita un delito precedente, uno de los cuales sería el montado en nuestra ciudad.

Es que la Cámara Federal de Apelaciones bahiense aceptó un recurso de queja de una de las defensas -además de Suris hay otros cinco procesados por el delito de asociación ilícita fiscal- y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF), que tenía el expediente para fijar en breve la fecha de juicio, ordenó el martes devolver las actuaciones a primera instancia, a fin de que se agoten las etapas recursivas.

Además de Suris --es el único detenido porque es considerado jefe de la asociación ilícita--, están imputados su padre Eduardo, el contador público Domingo Tomás Goenaga, el piloto de automovilismo Juan Pipkin, Flavio Rodrigo Carrano y Nicolás Ibarra Gutiérrez. A todos se los sindica como miembros de la misma organización.

Al parecer, el Juzgado Federal N° 1 había rechazado un planteo de al menos un defensor --no se pudo confirmar cuál o cuáles persentaron recursos--, aunque uno de ellos fue en queja a la Cámara y la alzada aceptó la presentación, al tiempo que la causa ya había sido girada al TOCF.

Más problemas

Ahora, con las actuaciones de vuelta en origen, para resolver dicho planteo --tampoco se conoció su contenido--, surge otro inconveniente que puede dilatar el asunto. El Juzgado Federal N° 1 --así como el 2-- están sin juez titular y la doctora Mirta Susana Filipuzzi, subrogante desde Viedma, se tomó licencia hasta fines de mayo, con lo cual tendrá que ocupar su lugar el juez Héctor Pedro Plou, quien es titular de un juzgado en Junín aunque subroga en el juzgado de Santa Rosa, que corresponde a esta jurisdicción.

Plou tendrá que ponerse en conocimiento del caso -- habría que ver si la superposición de tareas le permite abordar de manera ágil esta cuestión-- y decidir sobre el recurso defensista. Luego, eventualmente, lo haría la Cámara Federal.

De esta manera, puede ser que el proceso recorra el mismo camino que hasta la actualidad y, finalmente, vaya a juicio oral, aunque, por otro lado, no está descartado que pueda hacerse lugar al planteo de fondo de la defensa y no haya debate.

En Santa Cruz, encontraron más propiedades y unos 90 mil dólares

Del fiscal federal Guillermo Marijuan. Aseguró que en los allanamientos realizados en Santa Cruz por la causa de lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez se encontraron "más propiedades" y unos 90 mil dólares

Tierra removida. El fiscal del caso, que encaró los allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, detalló que en una de las estancias del empresario en El Calafate encontraron "tierra removida", por lo que ahora buscarán determinar a qué se debe esa situación.

Bóvedas. Marijuan consideró que es "poco probable" que se encuentre algo enterrado en las propiedades de Báez, en alusión a las denuncias sobre la existencia de bóvedas con dinero.

Le embargaron un campo ubicado en Uruguay

La Justicia de Uruguay embargó el campo "El Entrevero" de Maldonado, en cercanías de San Ignacio y propiedad de Lázaro Báez, donde encontraron varios contenedores, por lo cual una fiscal pidió una orden de allanamiento a fin de que sean revisados.

Lavado de dinero: de importancia para el juez Casanello

Esta decisión, según creen algunas fuentes tribunalicias, es clave no solo para definir la situación de Suris -actualmente alojado en la cárcel de Saavedra- sino también para la investigación que hoy tiene impacto nacional, a partir de los allanamientos que se están registrando en Santa Cruz.

La causa local habría establecido que la firma insignia de Báez, Austral Construcciones, adquirió de manera sistemática facturas apócrifas por material, maquinarias o trabajos que nunca se efectivizaron, a fin de eludir millonarias cargas impositivas.

De esa manera, este caso podría considerarse el precedente necesario para encauzar la acusación por lavado de dinero contra el empresario vinculado a los Kirchner, que requiere la existencia de un delito previo para avanzar.

De hecho, el juez Casanello conectó la investigación contra Suris con La Rosadita, reforzado por el video difundido por Telenoche.