En su resolución de 122 fojas el juez Sebastián Casanello no solo le da sustento a las denuncias formuladas por Margarita Stolbizer, sino que prácticamente corrobora la existencia del delito precedente para llegar al lavado de activos.

En esa dirección, no deja dudas respecto de la activa participación del grupo de empresas de la familia Ficadenti (Penta, Calvento y Terrafari) como la usina que proveyó de facturas apócrifas a la firma insigne de Lázaro Báez, esto es Austral Construcciones.

En su resolución el magistrado también apunta contra las autoridades de la AFIP. Indica que los inspectores de Bahía Blanca habían informado sobre las situaciones "irregulares" en torno a estas empresas y la cantidad de facturas.

En tal sentido, Casanello escribió textualmente: "Tal como fuere previamente explicado, en la causa n°3.215/15 se ha avanzado firmemente en dilucidar cuál fue el rol de la Administración Federal de Ingresos Públicos en detener el avance administrativo y judicial sobre el escandaloso fraude tributario que se investiga en la justicia federal de Bahía Blanca para que ese complejo conflicto legal no llegase hasta los beneficiarios finales de la maniobra. Me refiero, en lo que aquí interesa, a Austral Construcciones S.A. El traslado de Toninelli hasta Río Gallegos, presumiblemente para reunirse con Lázaro Báez obedece a la necesidad de garantizar esa impunidad".

Casanello destaca la importancia de lo declarado por Fariña, y menciona lo siguiente cuando se refiere a la usina de facturas apócrifas con sede en nuestra ciudad para fundamentar su opinión sobre la existencia del "delito precedente" para investigar el lavado de activos: 

Todas estas probanzas que ha reunido el tribunal en el marco de la investigación llevan a concluir que, pese a las explicaciones presentadas por la defensa de Báez, es un hecho plenamente probado (v.sentencia STC 137/2005, de fecha 23 de mayo de 2005, del Tribunal Constitucional de España) que la empresa Austral Construcciones S.A., en el marco de las obras que le fueron adjudicadas por el Estado, aparece contratando a por lo menos cuatro empresas que podrían denominarse fantasmas 1) Constructora Patagónica S.A. –registrada dentro del listado de “Usuario de Facturas Apócrifas” publicado por la AFIP, 2) Calvento S.A. –registrada en el listado de Usinas de Facturas Apócrifas del mismo entre rector- y 3) Grupo Penta S.A. que si bien no ha sido ubicada dentro del listado E-Apoc, es considerada por los fiscalizadores de la AFIP como un contribuyente con parte de actividad real y otra parte que no podría justificar,situación que ha cambiado para ser ubicado como contribuyente apócrifo – alcance nro. 10023-3114-2016/1 y 4) Terrafari S.A., con una diferencia de $ 8 millones entre las ventas declaradas y las acreditaciones bancarias. Esto permite tener prima facie corroborada, en esos términos, la denuncia formulada por la Diputada Stolbizer y conduce también

a tener por comprobada la ilicitud detrás de la operatoria y facturación de las firmas Constructora Patagónica SA, Calvento SA, el Grupo Penta SA y Terrafari S.A. y su íntima vinculación con Austral Construcciones SA. De allí se deriva una fortísima sospecha de fraude".