Un expediente que se perdió, oficios librados con firmas apócrifas de una jueza y de una secretaria de juzgado y negligencia del Banco culminaron en una transferencia a unas cuentas que fueron presuntamente abiertas con documentos de identidad robados.

Los acreedores de ese dinero, que fue fruto de un acuerdo judicial entre la familia de la víctima y EDET, hasta el día de hoy no pudieron recuperar la plata que les corresponde. Y su hijo, que había quedado en un estado físico y mental lamentable, falleció hace tres años.

Las dos transferencias se realizaron en diciembre del 2006 y principios del 2007, un año después que el banquero amigo del gobernador José Alperovich, Jorge Brito, se quedará con el Banco del Tucumán y los numerosos negocios que esto significaba (y significa actualmente).

La justicia provincial no puede encontrar los responsables; el Banco admitió su “error o negligencia” y encaró una investigación interna de la que no se hicieron públicos los resultados. Pero el dinero no aparece y nadie se hace cargo de la situación de la familia López, que soportó hace tres años la pérdida de su hijo que sufrió el accidente con el cableado público eléctrico.

“Hubo complicidades aunque difíciles de comprobar: alguien que contó que el expediente estaba paralizado, alguien que lo ‘extravió’ y alguien del banco que aceptó o que logró que se paguen semejantes sumas sin llamar al juzgado para comprobar si los oficios eran ciertos”, indicaron fuentes cercanas a la causa. O sea, las sospechas apuntan a la Justicia provincial y al Banco del Tucumán.