La interventora del Instituto de Previsión Social (IPS), Estela Regidor, visitó ayer la Cámara de Diputados junto con un equipo integrado por jefes de áreas y departamentos del organismo en el marco de la reforma previsional. Presentaron los argumentos a los legisladores que dieron cuenta de la imposibilidad de afrontar el costo adicional que le depararía calcular el 82 por ciento móvil de los diez mejores años de salarios.

La reunión ampliada de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que expusieron los principales puntos a sanear en la reforma previsional con media sanción del Senado, se desarrolló con tranquilidad. Allí se expusieron los datos económicos, financieros y legales que sustentan la posición planteada por el Ejecutivo respecto de la necesaria modificación del proyecto bajo tratamiento; así como también respondieron las preguntas de los legisladores. Entre los que participaron del encuentro estuvieron Nora Nazar, Manuel Aguirre, Carlos Rubín, Armando Aquino Britos, Alberto Simón, Ángel Rodríguez, Luis Badaracco, Bernardo Quetglas, Jorge Quintana y Héctor López.

Manuel Aguirre, presidente de la Comisión, remarcó el objetivo de la reunión, en la idea de lograr la mejor norma. "Queremos darle previsibilidad a aquel que se va a jubilar, pero debe ser una norma sustentable", apuntó.

No bien inició el encuentro, se produjo un contrapunto entre Armando Aquino Britos y algunos de sus pares, ya que el integrante del bloque Alem propuso emitir un despacho después de la reunión, mientras que los demás querían dejar las definiciones para otro momento. Si bien la mayoría de los legisladores coincide con la posibilidad de otorgar el 82 por ciento móvil a los beneficiarios, el debate giró en torno a la cantidad de años que deben ser considerados, respecto de saber si serán los diez últimos o los diez mejores (ver más en página 6).

RECURSOS

Regidor, habló primero sobre los ingresos, y detalló que el IPS tuvo en mayo una erogación total de $53.400.000 (sin contar el costo operativo del organismo o la atención de sentencias judiciales); en tanto que los ingresos del mes fueron del orden de los $55.000.000. "En este caso tuvimos ingresos extraordinarios de Nación, que el resto de los meses son la mitad, y además comenzamos a regularizar la situación con la DPEC", explicó.

IMPACTO ADICIONAL

Durante el análisis se puso el acento en el cálculo del haber inicial y los profesionales brindaron detalles acerca del impacto del cálculo sobre los diez últimos o los diez mejores años de actividad.

Detallaron que calcular el 82 por ciento móvil sobre los 120 últimos meses tendría un costo adicional de $97 millones anuales en promedio; en tanto que calcularlo sobre los diez mejores implicaría un costo adicional que superaría los $123 millones.

Para el caso, se tomaron en cuenta las jubilaciones otorgadas antes del 2000, los beneficios generados entre 2000 y 2010 -a los que deberá aplicarse la movilidad en discusión-, y las altas proyectadas a futuro en función del comportamiento previsional durante los últimos seis años.