En Santiago Graffigna, el abogado acusado de liderar un grupo de jueces, funcioanrios y abogados para sacarle indemnizaciones extraordinarias al estado por tierres expropiadas, a través de trámites irregulares, seguirá preso.

Es el unico de los 11 procesados que hasta ahora tiene la mega causa de las expropiaciones consideradas fraudulentas por la justicia, que seguirá detenido, a pesar de que hasta la semana pasada, todo parecía indicar que se iría a su casa a esperar el juicio que todavía no tiene fecha.

Lo que pasó es que la jueza de Instrucción, María Inés Rosselot, que a pesar de estar jubilada aún tiene la causa de las expropiaciones escandalosas a su cargo, le denegó el pedido de detención domiciliaria por razones de salud, que habían motorizado sus abogados Rolando Lozano y Fernando Rahamé.

La magistrada entendió que el letrado debe seguir preso porque está imputado de ser el jefe u organizador de una asociación ilícita que supuestamente se dedicó a estafar al estado con tramitaciones irregulares de los expedientes expropiatorios, con lo que lograron alzarse con varios millones de pesos, pagados por terrenos que no los valían.

Antes de decidir que Graffigna sea alojado en la Enfermería del Penal de Chimbas, para que sea tratado por los profesionales que trabajan en esa unidad penitenciaria de sus problemas cardíacos, la jueza requirió la opinión de tres médicos del Ministerio de Salúd Pública, a los que se sumaron otros tres profesionales que puso la defensa.

Según trascendió, 5 de los 6 profesionales de la salud que estudiaron la situación del detenido, habían aconsejado que lo dejara ir a su casa para que su estado no sufriera agravamientos, y uno consideró que Graffigna se había puesto mal proque no tomaba la medicación.

En base a esos informes, el propio fiscal de la causa, Carlos Rodríguez, contestó un traslado diciendo que no se opondría si la jueza ordenaba a Graffigna salir de atrás de las rejas, pero ni la opinión médica, ni el aval del fiscal, eran vinculantes para la magistrada.

La jueza no le creyó a los médicos que aconsejaron la prisión domiciliaria y decretó que fuera trasladado al Penal, lo que ocurrió ayer por la tarde, después que Graffigna se notificara personalmente en las oficinas del 5to. Juzgado de Instrucción.

En medio de que se conoció la noticia, se dijo que en la cárcel Graffigna no tenía lugar porque el micro hospital estaba clausurado, lo que oblig{o al director del Servicio Penitenriario, Leonardo Barac a salir de desmentir la especie y a garantizar que el preso por las expropiaciones, será bien cuidado.

Por su parte, los defensores de Graffigna, que son Lozano y Rahamé, arremetieron otra vez contra la jueza Rosselot, como lo han hecho en cada oportunidad que pudieron, criticando sus decisiones.

Lozano dijo que “el estado en el que está mi cliente es delicado, asi que espero que esta decisión no lo perjudique aún más medicamente”, agregó que no entendía las razones por las que la jueza le negó la prisión domiciliaria a Graffigna y concluyó diciendo que “como siempre, seguiremos a fondo con este caso”.

Por su parte, Rahamé fué mas allá y sostuvo que “es una decisión diametralmente opuesta a la opinión de los profesionales de la salud convocados por el mismo juzgado que concluyeron que era inconveniente mantener la detención” y que “la jueza resolvió en sentido contrario a lo que venía resolviendo con los demás implicados a los que les dió el beneficio con un certificado de un médico particular”.