La jueza del Tercer Juzgado de Instrucción de la provincia, María Inés Rosselot, había señalado el pasado viernes que esta semana empezará a tomar declaraciones indagatorias a los imputados del caso de fraude al Estado por las millonarias expropiaciones. Señaló también que durante el fin de semana, se trabajaría en la recolección de los antecedentes de cada uno de ellos.

Esto también había sido confirmado por el actuario del Juzgado, doctor Iván Grassi, quien le dijo a Diario El Zonda que “las indagatorias se van a tomar en el transcurso de la semana que viene y en días hábiles, tal como lo establece el Código”.

Por ahora “se están tramitando, como corresponde a cualquier detención, los antecedentes de las personas y en días y horarios a determinar por su señoría, se irán tomando las indagatorias”.

El funcionario judicial sostuvo en aquella ocasión que “desconocemos si se va a presentar algún pedido de excarcelación”, apuntó que hasta ayer eso no había ocurrido, al tiempo que señaló que “no sabemos si los imputados van a presentarse con los mismos abogados defensores que designaron en el momento de rendir declaración informativa en la causa” y aclaró que “los pueden cambiar si lo desean en un trámite que pueden hacer en el momento en que presten su declaración indagatoria”.

Detenciones históricas

El pasado viernes, en medio de un gran hermetismo, investigadores de la Agencia Regional de la Policía Federal y de la Policía de San Juan realizaron once intervenciones. El operativo fue por pedido de la jueza María Inés Rosselot, en el marco de las investigaciones de la causa de las expropiaciones del Estado.

En total, la magistrado ordenó 12 detenciones, pero solamente una no fue posible dado que el abogado Horacio Alday estaría fuera de la provincia. Hasta el momento tiene pedido de captura.

Entre quienes pasaron el fin de semana detenidos se encuentran Santiago Graffigna, quien es la persona sindicada como el organizador de las maniobras que se investigan y por las que el Estado debió pagar sumas multimillonarias por terrenos expropiados; el exfiscal Mario Díaz, quien debió ser el encargado de defender al Estado y evitar que se pagaran las cifras millonarias; Néstor Adán Ruiz, exempleado de la Subsecretaría de Recursos Energéticos, que tuvo un rol importante en la toma de posesión de los terrenos de Cuesta del Viento.

Además, entre los imputados se incluyen la exjueza del Primer Juzgado Civil, Rosalba Marún de Sobelvio, quien quedó bajo sospecha por concentrar en su juzgado al menos dos expedientes perdidos en otros juzgados (se la acusa de emitir fallos a favor de Graffigna); y Horacio Alday, socio de Graffigna en la mayoría de los casos de expropiaciones.

Asimismo, fueron detenidos titulares y suplentes del Tribunal de Tasaciones: José Moreno, Adolfo Cravero, Eduardo Olivero, Joaquín Fernández y Pedro Basani.

Sin definición

Héctor Carelli, que era el jefe de la sección Inmuebles de la Fiscalía de Estado, que si bien no figura en el pedido del fiscal Carlos Rodríguez, podría ser incluido como derivado de la investigación penal.

El juez Carlos Macchi, titular del Quinto Juzgado Civil, en el cual se tramitaron los casos de indemnizaciones más altas y que declaró que el caso explotó porque “la cadena de pagos se cortó en algún lado”.

Juez de Cámara Roberto Pagés Lloveras, con quien el Fiscal de Estado mantuvo duros enfrentamientos mediáticos y a quien se le reclama por no dictar la extemporaneidad de un pedido de expropiación hecho en 1950. Cando era titular del Cuarto Juzgado, tramitó 16 causas relacionadas con expropiaciones que están bajo la lupa de la Justicia.