La ley de expropiación de tierras que aprobó la Legislatura de Río Negro para construir el nuevo edificio del Penal III, habilitaría la instalación de un Penal Federal.
La histórica demanda de un nuevo edificio para reemplazar el antiguo hogar de ancianos en el que funciona la cárcel provincial hizo que la decisión fuera tomada como un paso muy positivo para revertir las condiciones inhumanas en las que conviven los presos en la actualidad.
Pero la buena noticia no tardó en oscurecerse cuando el senador Miguel Angel Pichetto y el gobernador Alberto Weretilneck anunciaron que firmaron un convenio con Nación para instalar una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la que se haría "un lugar" para la cárcel provincial.
La situación provocó cuestionamientos y preguntas de distinta índole. Una de ellas es si los legisladores estaban al tanto de estas intenciones, cuando aprobaron la expropiación. B2000 intentó averiguar con varios de ellos y todos coincidieron en una actitud: desentenderse del tema y asegurar que tenían que analizar la cuestión.
Finalmente, la respuesta llega con el texto de la ley aprobada. El artículo 2º establece que el destino de 22 hectáreas de Bariloche no es específico sino abierto. Según expresa el texto el Poder Ejecutivo de la provincia ("el sujeto expropiante") debe "destinar los bienes expropiados a la construcción de un nuevo complejo penal en la ciudad de San Carlos de Bariloche".
Al no aclarar que se trata de una cárcel provincial, allana el camino al avance en un proyecto de Penal Federal.
Por otra parte, la ley se aprobó para expropiar 22 hectáreas y no 12 como afirmaron desde un principio.
El artículo 1º declara de utilidad pública y sujetas a expropiación "dos parcelas" con una superficie de 10 hectáreas una, y 12 hectáreas la otra (cuyas medidas definitivas están sujetas a lo que resulte de la mensura a realizarse para la implementación de la ley).
Finalmente, la ley establece que el plazo para iniciar los trámites será de un año, contado desde su entrada en vigencia y los gastos deberán ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
"A tal fin, el Ministerio de Economía deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo precedentemente dispuesto", señala el artículo 4º.
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