Luego de esta reunión, se conoció que uno de los dueños de la propiedad que se intentará en la Legislatura que sea declarada de “utilidad pública” es el empresario y diputado nacional de la UCR, Eduardo Costa,lo que llenó aún más de controversia, el proceso de expropiación, ya que el mismo se llevó en tiempo record en Concejo Deliberante capitalino.

“Tenemos los elementos necesarios para darle el tratamiento y continuidad al trabajo legislativo que iniciaron en el Concejo Deliberante, porqué entendemos que la expropiación se debe dar en la Cámara de Diputados, desde donde se aprobará en favor de la municipalidad”, indicó Gómez Bull, quien fue también compañero de bancada de Grasso hasta el año pasado cuando fue electo legislador.

El referente de La Cámpora, además en coincidencia con el edil que impulsó la expropiación en tiempo record, sostuvo que le preocupa la situación del predio, “el total abandono que tiene, los hechos delictivos que han ocurrido en el lugar, la ubicación y la importancia por recuperar estos terrenos para nuestra ciudad”.

También Gómez Bull aprovechó para referirse a la posición de los concejales radicales, quienes se abstuvieron cuando el pasado jueves se trato el proyecto y fue sancionado por la mayoría de los concejales oficialistas.

“Sería muy importante que expresen con nombre y apellido a los responsables de estos terrenos y así poder aclarar esta situación, porque uno se encuentra en un desconocimiento absoluto del dominio del lugar, donde no hay una persona física responsable del predio”, sostuvo el diputado. Horas después trascendió que uno de los dueños del predio expropiado era nada menos que el diputado nacional y presidente del Comité Provincia de la UCR, Eduardo Costa.

A través de un comunicado de prensa, Costa reconoció que las tierras pertenece a su grupo empresarial, pero que el concejal justicialista encabeza “una maniobra oscura” para afectar su imagen, teniendo en cuenta que el próximo año intentará busca la reelección en la banca.

“Compramos esos terrenos en 2007 para construir un shopping; cuestión que ya anunciamos y presentamos en público. Los vendedores impusieron una restricción que vence en noviembre de este año, para que el desarrollo de nuestro proyecto no afectaran sus intereses comerciales. Tenemos todo listo para comenzar, como ya habíamos anunciado públicamente. Así mismo en otras

tierras comprendidas en lo que fuera la Swift ya hemos realizado loteos, previa inversión en infraestructura, de acuerdo a los requerimientos del municipio conforme a las ordenanzas vigentes. Eso fue aprobado por el mismo Consejo Deliberante y la Municipalidad.”

Respecto a las posibles motivaciones que persigue con la expropiación, Costa reiteró que está claro que existen “intereses” que llevaron al concejal Grasso a

impulsar la expropiación de tierras privadas.

“Nosotros tenemos terrenos en la zona, son varios los propietarios

afectados pero mi familia es uno de ellos. Esto es claramente una maniobra que persigue intereses inexplicables, Grasso no están pensando ni en el desarrollo de la ciudad ni en mejorar la vida de los vecinos cuando impulsa medidas ilegales y confiscatorias, sólo esta buscando afectar a mi familia y saquear terrenos que son privados.”

Sobre la supuesta deuda de impuestos que Grasso mencionó como fundamento para la expropiación, Costa sostuvo en el parte de prensa que eso es una absoluta mentira: “No existe tal deuda porque la misma municipalidad es quien debe realizar la compensación de impuestos ya que, como es de público conocimiento, la familia es la propietaria de las oficinas al Consejo Deliberante, y con quien el estado municipal tiene una deuda de más de 150 mil pesos. La Municipalidad tiene una deuda con nosotros, y debía realizar una compensación por los 26 mil pesos de impuestos de nuestras tierras, como se hace cada año, pero aun no lo ha hecho.