Una auditoría del Tribunal de Cuentas concluyó que las inversiones para la exploración de nuevas áreas petroleras no llegaron al 9% de lo prometido por las empresas. El monto ofrecido en las licitaciones superaba los 266 millones de dólares, pero sólo se constataron inversiones por algo más de 22,5 millones, incluyendo una petrolera que directamente no asumió la concesión y que el gobierno de Miguel Saiz nunca desadjudicó.

El relevamiento se centró en tres áreas –Laguna El Loro, Angostura y General Conesa– que fueron adjudicadas en el 2007 y 2008 cuando la secretaría de Minería y Hidrocarburos estaba a cargo de Tamara Pérez Balda.

Además, en la resolución definitiva 43, el órgano de control –que preside Juan Huentelaf e integran Erika Acosta y Mario Sabatella– pidió a la Fiscalía de Investigaciones una investigación sobre si existió un "perjuicio real" ya que General Conesa "se mantuvo sin exploración" y, en todo caso, identificar a los funcionarios responsables.

El informe, de 46 páginas, analiza el cumplimiento del proceso de exploración en tres áreas que licitó el gobierno de Saiz. En Laguna El Loro, la concesión fue ganada por Patagonia Petróleo UTE, detectándose una "considerable demora en los trabajos comprometido". El permiso se concretó en abril del 2007 y "sólo se ejecutó el 20,95%" de los 12.605.000 dólares. Aún así, "a pocos meses del vencimiento del primer período", la provincia –con la firma del exministro de Producción, Daniel Lavayén– extendió el plazo por tres años y otorgó permiso hasta el 2015.

Otra área auditada fue la de Angostura, adjudicada a la Compañía General de Combustible SA, con demoras aunque asciende a un 50,63 %. La inversión prometida era de 39.400.000 dólares y la ejecución llegó a 19.949.850 dólares. La petrolera prometía realizar 24 pozos exploratorios y sólo cumplió con 17. La secretaría de Hidrocarburos resolverá este mes si acepta un pedido de la empresa la "afectación del área al régimen previsto en el decreto 1541/2011 de Yacimientos no Convencionales".

La situación más especial comprende al área General Conesa, que en octubre del 2008 fue cedida a la UTE de las empresas Austrocan Petroleum Argentina SA-Enrencap SA. Pero, el Tribunal dice que en mayo pasado se anotició que el contrato correspondiente "nunca fue suscripto" entre las firmas y la provincia. La inversión prometida por la UTE fue de 214.347.000 dólares y "quedó sin ejecutar".

En junio pasado, el gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto que deja sin efecto el decreto de adjudicación del área a la mencionada UTE, ordenando a la Fiscalía de Estado para la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta. El Tribunal agrega que se "advierte la necesidad de iniciar una investigación" para confirmar "si existió perjuicio económico" a partir de que ese área se mantuviera sin explotación durante esos tres años y siete meses.

Asimismo, el informe consigna que la secretaría de Hidrocarburos comunicó que está extraviado el libro de notas enviadas y recibidos del 2011, concluyendo sobre "la existencia de falencias" en archivo y registro de la documentación y "un alto grado de informalidad en la comunicación de la secretaría con las empresas".