Los defensores de dos de los condenados – Irigoyen, y el empresario que tenía la concesión, Carlos Ferrari– plantearon recursos extraordinarios ante la Corte y el máximo organismo judicial de la Nación resolvió parcialmente sobre el primero de los recursos.

Regresó el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la provincia por considerar que podría encontrarse prescripta la acción penal en relación al delito de "dádivas" que se le atribuyó a Irigoyen.

En este punto los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda consideraron que corresponde ordenar la suspensión del trámite del recurso extraordinario con el que se llegó a la Corte hasta que los magistrados rionegrinos se expidan sobre la prescripción.

En caso de que la Justicia rionegrina resuelva en ese sentido, que sería el camino a seguir indicado por la Corte, Irigoyen quedaría con la sola imputación del delito de "cohecho pasivo" y en ese caso podría acceder al beneficio de una reducción de pena. En 2009, cabe recordar, fue condenado a 5 años de prisión efectiva y esa pena fue ratificada luego por el STJ, que también confirmó 4 años de prisión para Ferrari.

El recurso extraordinario llegó a la Corte hace algo más de dos años. Antes, el Superior Tribunal rionegrino había ratificado que existieron las coimas y había consolidado las condenas impuestas al expresidente de la Lotería y al exconcesionario de los casinos, pero sin ordenar la detención a la espera de los nuevos recursos.

El STJ favoreció en aquel momento al exbasquetbolistas Andrés Santamaría con una reducción de la pena a la que había sido condenado, trasformándola en una de tres años de cumplimiento condicional. Esa modificación lo salvó del riesgo de perder la libertad.

La causa se inició en abril de 2002 por requerimiento de la fiscal Daniela Zágari a partir de una investigación del diario "Río Negro" denominada "La ruta de la coima".

El STJ reafirmó lo que había interpretado la Cámara Criminal de Viedma, en cuanto a que existió un mecanismo ilegal de giro de fondos de privados a funcionarios públicos, monto que en su momento fue estimado en más de 1,3 millones de pesos.

La sentencia original señaló además que la empresa "Albany" –a nombre de Santamaría– fue "adquirida exprofeso para ingresar dinero ilegal en un circuito legal y sólo tenía por función recibir y entregar dinero. Para ocultar esta maniobra fueron utilizadas documentación y formas contractuales, mientras que Ferrari mantuvo las concesiones de los casinos a pesar de sus incumplimientos y su situación concursal que debía ser controlada por Irigoyen, con quien el empresario tenía un pacto venal".