La principal presunción en el caso del presunto robo de dos expedientes del Juzgado Civil y Comercial de Ushuaia es que los documentos habrían sido sustraídos por personas ajenas a esa unidad judicial. Así lo confirmó a EDFM una fuente muy ligada a la investigación, quien además deslizó que debería indagarse la supuesta complicidad en la maniobra delictiva de integrantes del Banco de Tierra del Fuego.

Hasta el momento la Justicia penal analiza si la desaparición de los expedientes, que corresponden a dos juicios ejecutivos del BTF por una cifra cercana al millón de pesos, se habría consumado para poder vender una propiedad que se encontraba embargada. La denuncia fue realizada durante la feria judicial, en enero último, por el juez Civil Alejandro Fernández, quien constató la falta de las actuaciones a raíz de un requerimiento efectuado por el Registro de la Propiedad Inmueble.

Al parecer, ante el organismo tramitaba un pedido de certificado de dominio (trámite preparatorio para la inscripción de la venta de un inmueble) sobre una propiedad que tenía un embargo provisorio por 180 días. El Registro consultó al tribunal sobre la situación del inmueble y así surgió que no se podían encontrar los documentos judiciales.

Los expedientes faltantes son dos y se relacionan con un mismo deudor del Banco, un conocido profesional de la ciudad. En uno figura directamente y en el otro a través de una empresa.

Según la fuente, la investigación podría involucrar a una abogada que intervino en esas causas civiles y a un tercero, comprador de la vivienda. También se analiza ahora si integrantes del BTF actuaron con complicidad al no haber reclamado a tiempo por el vencimiento del embargo de la propiedad.

"Existe un 90% de posibilidades de que los expedientes hayan sido sustraídos por personas ajenas al tribunal. Las actuaciones de este tipo se consultan a diario por mesa de entrada y es casi imposible para los empleados detectar si alguien se lleva alguna", aseguró la fuente consultada por este medio, al desacreditar la hipótesis de que el robo haya implicado a personal del juzgado.

Por su parte en el tribunal dijeron que los expedientes "pueden reconstruirse" con ayuda de las partes y con documentos en soporte informático que se encuentran a resguardo.

El fiscal Daniel Curtale interviene en la causa después de una serie de excusaciones que tuvieron lugar dentro del Ministerio Público, debido a la relación de estos funcionarios con uno de los presuntos imputados. Curtale elevó un requerimiento de instrucción al juez interviniente solicitando una serie de medidas probatorias, de las que aún se desconoce su contenido. El fiscal insistió en que el caso aún se encuentra en etapa preliminar y aconsejó reserva para garantizar el éxito de las pruebas que vaya a disponer el magistrado actuante.